La Paz, 15 Nov (Radio Splendid).- El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández García y cinco expertos más llegarán a Bolivia el 23 de noviembre para una investigación sobre las muertes de Sacaba y Senkata, ocurridas en noviembre de 2019, anunció este domingo el ministro de Justicia, Iván Lima.
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, aseveró que, con el objetivo de buscar la reconciliación entre los bolivianos, esta comitiva, que estará a la cabeza de su presidente, investigará los sucesos de octubre y noviembre del año pasado y emitirá un informe que será entregado a la Fiscalía General para que inicie las acciones correspondientes sobre los responsables de esos hechos.
«La investigación internacional desde este gobierno va tener la mayor amplitud y el mayor reconocimiento sin perder nuestra soberanía, es un aspecto muy importante. Abrimos las puertas a que la comunidad internacional investigue, evalúe y emita un informe, pero la palabra final sobre los hechos de Sacaba y Senkata va tener nuestro Ministerio Público y los jueces de este país», enfatizó la autoridad.
Explicó que para conocer los hechos acaecidos a finales del año pasado, el gobierno «abrirá las puertas» de los expedientes de estos hechos, de las Fuerzas Armadas, Policía y de la instancia judicial para el inicio de una investigación internacional.
Lima afirmó que este trabajo «no es un llamado a la venganza, es una llamada a la justicia, es una llamada que el pueblo boliviano vuelva a creer en las instituciones».
En un informe preliminar, la CIDH calificó de «masacres» a las represiones de Sacaba y Senkata, que derivaron en la muerte de al menos 36 personas y un centenar de heridos, en medio de la convulsión social que se registró posterior a la renuncia de Evo Morales a la presidencia y la asunción de Jeanine Áñez.
Por estos sucesos, la anterior Asamblea Legislativa sugirió la instalación de un juicio de responsabilidades contra Áñez y sus ministros de Estado, además de otras autoridades. En su informe, una comisión legislativa explicó que, bajo evaluación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), estableció que las muertes en ambas movilizaciones fueron causadas por armas de reglamento de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.
El anterior gobierno dispuso un resarcimiento de 100.000 bolivianos, en el caso de las familias de las víctimas mortales, y entre 50.000 y 10.000, en el caso de los heridos.
La autoridad nacional, manifestó que, a un año de los hechos luctuosos, las víctimas de Sacaba y Senkata no han visto satisfecho sus derechos, ya que al momento no se ha actuado con debida celeridad en el proceso investigativo.