La Paz, 22 ago (Radio Splendid). – La Defensoría del Pueblo solicita medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor del Pueblo Indígena Originario Campesino (PIOC) Araona, ubicado en el norte de La Paz, con la finalidad de que se adopten acciones sostenidas que protejan la vida, integridad y salud de ese pueblo frente a la pandemia del COVID-19.
Esta institución defensorial presenta esta demanda debido a que estas personas “se sienten en una situación de abandono por parte del Estado” y porque “tienen miedo a la expansión y riesgo que representa el COVID -19”, señala la demanda presentada por la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Este pueblo está en una situación de indefensión ante la pandemia por varios factores. No cuenta con un centro de salud en su territorio, adonde no se puede acceder por vía terrestre, sino sólo por medios fluviales. El centro de salud más próximo, el PS Manurini, se halla ubicado en la comunidad Santa Rosita Agroforestal, a cuatro horas en bote con motor deslizante. Y esa posta sólo cuenta con un Auxiliar de enfermería y no tiene agua potable ni energía eléctrica ni medicamentos ni insumos de bioseguridad y tampoco medios de transporte para evacuaciones de emergencia.
Este pueblo aún enfrenta actos de estigmatización y discriminación, que se incrementaron durante la cuarentena nacional. Nadie les ha brindado información relacionada al COVID -19 en su lengua nativa, hecho que los expone a una situación de incertidumbre y temor respecto a la crisis sanitaria.
No ha existido ningún tipo de acción o intento de coordinación entre el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal y el Departamental para la elaboración de planes de respuesta, mitigación y tratamiento de personas de este pueblo infectadas con COVID -19. Además, se tienen reportados serios problemas de alimentación, educación y discriminación que les impiden llevar una vida digna.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo demanda medidas cautelares a la CIDH para que se “adopten acciones sostenidas que permitan proteger la vida, integridad y salud, desde una perspectiva culturalmente adecuada a este pueblo, frente a la pandemia del COVID-19”.
Además, pide que se responsabilicen a quienes omitieron su deber de proteger al PIOC Araona, dado a que se ha identificado la omisión por parte de los agentes estatales bolivianos. “Es importante que cualquier acción o medida sea previamente concertada con los beneficiarios y sus representantes”, señala la solicitud.
La Defensoría del Pueblo pide también “dar inicio, a la brevedad posible, a un plan de contención y mitigación del COVID -19, que beneficie al PIOC Araona, y que se ponga en marcha protocolos de bioseguridad, asistencia alimentaria y atención médica para las personas indígenas infectadas con el coronavirus”.
Finalmente, demanda que el Estado boliviano, a la brevedad posible y de oficio, “investigue y sancione a quienes cometieron la omisión y abandono, que hoy motivan la presente solicitud de medidas cautelares”.