Santiago de Chile, 26 feb (EL PAÍS).- Cuando el reloj marque la medianoche de este miércoles, dará inicio la cuenta atrás para el referéndum con el que la clase política buscará una salida institucional a la crisis que vive Chile desde el pasado 18 de octubre, cuando comenzó un estallido social sin precedentes desde el retorno a la democracia, hace 30 años. Los partidos políticos, parlamentarios independientes y organizaciones sociales podrán desplegar propaganda electoral para promover sus posturas frente al plebiscito, previsto para el domingo 26 de abril.
Más de 14 millones de personas, entre ellos cerca de 60.000 chilenos que residen en el exterior, podrán decidir si debe o no realizarse un proceso para elaborar una nueva Constitución, que ponga fin a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Aunque el texto constitucional ha sido sometido a diversos cambios, la Constitución de 1980 es, para muchos, uno de los obstáculos para dar respuesta a las demandas ciudadanas de mayor igualdad y presencia del Estado en servicios básicos como la educación, la salud y las pensiones a los jubilados.
En el plebiscito, además, los chilenos deberán responder con cuál mecanismo se redactará la nueva Constitución en caso de que el cambio se apruebe. Para esto existen dos opciones: una Convención Constitucional, integrada por ciudadanos electos, y que equivale a una Asamblea Constituyente; o bien, una Convención Mixta, integrada en un 50% por parlamentarios designados por el Congreso. Cualquiera que sea la opción, esta tendrá un plazo máximo de un año para presentar una propuesta. Luego, el texto será sometido a un plebiscito que, a diferencia del de abril, será de voto obligatorio. En caso de que triunfe el rechazo, seguirá rigiendo el texto de 1980.
La antigua Concertación —la alianza que gobernó el país durante 20 años tras el retorno a la democracia y hoy está en la oposición— promueve la nueva Constitución y la Convención Constitucional. Lo mismo ocurre con el Frente Amplio, surgido tras las protestas estudiantiles de 2011 y que en la última elección logró consolidarse como la tercera fuerza política. «Para Chile está en juego la posibilidad de tener por primera vez en nuestra historia una Constitución elaborada en democracia. Y para la oposición se juega parte de una solución política a la crisis», señala Heraldo Muñoz, excanciller y actual presidente del Partido por la Democracia (PPD).
En Chile Vamos, la coalición de centroderecha en el Gobierno, existen posturas encontradas. En Renovación Nacional, el partido donde militó Sebastián Piñera hasta el inicio de su primer mandato, en 2010, se dio libertad de acción a sus miembros, aunque prevalece la opción de rechazar el cambio. El argumento es que los cambios se pueden realizar a través de reformas de la actual Constitución. En la UDI, partido de posiciones más conservadoras, votarán en contra. En Evópoli, tercera fuerza del oficialismo y de corte más liberal, promueven un nuevo texto.
«Es tan relevante este proceso que decidimos dar libertad de acción», explicó el secretario general de RN Felipe Cisternas. Hasta ahora todos los sondeos de opinión vaticinan un triunfo de la opción de redactar una nueva Constitución. La principal duda, sin embargo, está en el mecanismo, donde cada vez existe menos diferencias entre las dos opciones.
Para la doctora en Ciencia Política y académica de la Universidad de Chile Claudia Heiss, el plebiscito de abril es comparable al de 1988, cuando se decidió el fin de la dictadura de Pinochet, “en el sentido de que marca una ruptura con el sistema político anterior». «Sería el verdadero regreso a la democracia en Chile, porque hemos tenido una democracia que no se recuperó completamente con la transición”, añade.
En cambio, para el académico de la Universidad de Talca Mauricio Morales, el plebiscito de 1988 y el de 2020 no son comparables. «En 1988, los chilenos decidían en torno a un cambio en el régimen político. El país estaba gobernado por una dictadura y, por tanto, no había garantía de que el resultado fuese respetado. Adicionalmente, para ambas opciones (sí y no) existían liderazgos políticos históricos y diferencias programáticas evidentes».
Garantizar el orden público
En el mundo político se mira con preocupación lo que pueda ocurrir en marzo, donde ya circulan por redes sociales llamamientos a manifestaciones y donde muchos apuestan por que la convocatoria del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer se transforme en un punto de partida para un nuevo ciclo de movilizaciones.
La tensión social en la calle ha disminuido, pero la violencia está latente. Una muestra de ello fueron los graves incidentes que acompañaron el domingo el arranque del festival de Viña del Mar, un evento que cada año siguen 250 millones de personas en todo el mundo y que desde 1960 es orgullo de los chilenos. La policía detuvo a 50 personas acusadas de incendiar automóviles y de destruir el hotel O’Higgins, donde se alojan productores, periodistas y personal de las bandas musicales. Los propietarios del hotel anunciaron el miércoles que por los destrozos cerrarán las puertas «indefinidamente».
El tema de la violencia fue abordado el lunes en una reunión del presidente Piñera con su Gabinete. Tras la cita, Piñera, quien tiene solo un 6% de respaldo de la población, según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, dijo que recuperar el orden público “es la prioridad número uno”.
«El Gobierno no ha sido capaz de garantizar lo básico: el orden público. Esto puede traer severas consecuencias para la participación”, advierte Morales. En tanto, para Heiss, “la función del Gobierno es garantizar condiciones para que el proceso se pueda realizar de la mejor manera y, por supuesto, que eso no es fácil en un contexto de alta convulsión social».