Caracas, 05 Dic. (EL PAÍS).- Un grupo de presión formado por diputados opositores para limpiar la imagen de uno de los empresarios vinculados a la trama de corrupción de los CLAP, el programa de alimentos subsidiados de Nicolás Maduro, ha hecho tambalear el tablero político del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. El escándalo fue revelado detalladamente esta semana por el portal venezolano de periodismo de investigación Armando.Info. Los señalamientos salpican a los parlamentarios Luis Parra, José Brito, Conrado Pérez Linares, del parido Primero Justicia; Adolfo Superlano (expulsado hace unas semanas de Cambiemos); Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular (VP); Chaim Bucaram, William Barrientos, de Un Nuevo Tiempo (UNT); y Héctor Varga de Avanzada Progresista, la mayoría de ellos miembros de la Comisión de Contraloría del Parlamento.
El grupo, según esta investigación, hizo gestiones informales en la Fiscalía de Colombia, en Washington y en Bruselas, en defensa del colombiano Carlos Lizcano, propietario de Salva Foods. Esta es la empresa que maneja las Tiendas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, que absorbieron la extinta red estatal de supermercados Bicentenario. Lizcano trabaja para los también colombianos Álvaro Pulido y Alex Saab, sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser supuestos testaferros de Maduro en negocios ilegales.
Ante el escándalo, revelado el domingo, Juan Guaidó, jefe del Parlamento y presidente interino desde enero pasado con reconocimiento de más de 50 países, anunció la intervención de la Comisión de Contraloría de la Asamblea, la suspensión de los diputados y el inicio de una investigación independiente. «No permitiremos que la corrupción de nadie dañe lo que tanto ha costado construir». También dijo que llevará las denuncias a la próxima reunión de los cancilleres del TIAR, un mecanismo interamericano de asistencia recíproca, para tomar medidas regionales contra los involucrados. Los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo separaron de sus cargos a sus miembros implicados en las denuncias. Al contrario, Parra, el principal señalado, increpó con amenazas a través de las redes sociales al periodista Roberto Deniz de Armando.Info.
Este no es el único frente interno con el que ha tenido que lidiar Guaidó en los últimos días. Al principio de la semana, anunció la destitución de Humberto Calderón Berti como su representante diplomático en Colombia, país que se ha convertido en uno de los principales aliados del político para una transición política en el país. Tras su despido, el exembajador aseguró que hubo irregularidades en los fondos que provocó el intento de ingreso de ayuda humanitaria en febrero pasado desde Cúcuta. Esto ya se investiga en Colombia y ha provocado fuertes críticas al equipo de Guaidó y al dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. A la par, el presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano, renunció a su cargo, para permitir que se hagan las investigaciones.
La oposición venezolana, bastante desmovilizada después de casi un año intentando sacar a Nicolás Maduro del poder, atraviesa nuevamente aguas turbias que ponen en evidencia sus fracturas. La ola de denuncias tambalea el control de Guaidó en la Asamblea justo cuando se acerca otra meta en la carrera de fondo de su lucha política: la renovación de la directiva del Parlamento prevista para el próximo 5 de enero, que por un acuerdo político se ha rotado entre los partidos desde 2016.
En septiembre, los parlamentarios acordaron cerrar filas en torno a Guaidó y la estrategia que ha empleado para empujar el cambio de Gobierno y ratificarlo en enero próximo como jefe del Parlamento por el último año que queda de legislatura. Los partidos minoritarios, a quienes correspondía asumir las riendas de la institución en 2020, también dieron su respaldo. Pero la conformación del Legislativo ha cambiado en los últimos meses.
La mayoría opositora en la Asamblea Nacional, la única instancia considerada como legítima por gran parte de la comunidad internacional, se ha visto trastocada por los exilios de una veintena de diputados amenazados por la justicia de Maduro, las fracturas ocurridas después de que un grupo iniciara negociaciones con el chavismo en paralelo a las que auspició Noruega, que implicaron la incorporación de la bancada del PSUV, el partido oficialista, a las sesiones tras dos años de ausencia, y las suspensiones anunciadas a partir de las recientes denuncias de corrupción. Esto trastoca el tablero político de Guaidó, quien ya adelantó su posición en las declaraciones que dio este domingo sobre el caso de los diputados. «No vamos a ser presa de un proceso de corrupción y conspiración que tiene que ver con el 5 de enero. No lo van a lograr. Vamos a mantener la unión, la unidad para hacer respetar al pueblo de Venezuela. No ganó ni va a ganar la corrupción».