El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, reportó que el 65% de la población penal en Bolivia no cuenta con una sentencia condenatoria, y permanece con detención preventiva. Según la autoridad sería la retardación de justicia y otros factores que inciden en este tema.
“Alrededor de 28 mil privados de libertad en toda Bolivia; 17 mil están todavía en condición de detenidos preventivos, quiere decir que su condición jurídica todavía no ha sido resuelta, si es culpable o inocente, al margen de una retardación de justicia. Solo el 35 por ciento está con una sentencia ejecutoriada”, detalló.
Limpias recordó que si bien no existe, por ahora, el perdón judicial, hay jornadas de descongestionamiento judicial para la liberación de internos cuando así corresponda.
“No se está pidiendo liberar a privados de libertad que no les corresponde, como hemos tenido la gestión pasada con Richard Choque (un violador serial); al contrario, estamos pidiendo que las personas que han cumplido los plazos procesales, tanto en detención preventiva como para un beneficio penitenciario como el extramuro, puedan tener estos servicios”, indicó.
Limpias mencionó, además, que se tiene el proyecto de ley para la implementación de tobilleras electrónicas (Ley 358, de Dispositivos Electrónicos de Vigilancia) que servirá como medida cautelar de carácter personal.
“Hacemos un llamado a nuestra Asamblea, más allá de ver colores políticos, estamos hablando de derechos humanos (…); más allá del delito, son personas, son seres humanos y la normativa establece que el único derecho perdido es la locomoción, todos sus derechos están vigentes. Pedirle a la Asamblea que ese proyecto de tobilleras electrónicas para darle un respiro al Órgano Judicial sea aprobado, no puede ser que un proyecto esté truncado por intereses o posiciones políticas”, precisó.
