El vocero presidencial, José Luis Gálvez, presentó este miércoles un paquete de ocho normativas aprobadas en el Consejo de Ministros, que abarcan el aprovechamiento de residuos urbanos, apoyo al agro, digitalización de trámites de título de bachiller, protección a hijos de víctimas de feminicidio, facilidades financieras para el sector transporte y la modernización del sistema de preinversión estatal.
En el ámbito medioambiental, destacó la aprobación de una norma que regula el aprovechamiento del biogás en los rellenos sanitarios de Bolivia para generar electricidad limpia. “Lo que hoy es residuo puede convertirse en energía y podemos afirmar que Bolivia empieza a transformar residuos en energía. Dos temas puntuales que ponen el acento verde en esta transición energética que venimos trabajando”, dijo Gálvez. Asimismo, informó de un incremento de 14 millones de bolivianos para el Instituto del Seguro Agrario (INSA) para la campaña 2025-2026, ante la llegada de fenómenos climáticos extremos”, recalcó.
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En educación y protección social, anunció que desde 2026 los títulos de bachiller serán gratuitos y emitidos de forma digital con validez legal mediante código QR. “Reduce burocracia, reduce la impresión, el manejo de documentos físicos y les resuelve la vida a las familias”, resaltó. Además, se reglamentó la Ley 1680 para proteger a menores que quedan en vulnerabilidad extrema tras feminicidio y otros delitos graves, con asistencia médica, educativa y un bono mensual del 20% del salario mínimo. “Si bien no se puede devolver la vida, la reparación no termina con una sentencia. También significa proteger a los hijos de las víctimas”, agregó.
En materia económica, el transporte público fue integrado formalmente a las categorías de crédito productivo, lo que le permitirá acceder a financiamiento con tasas reguladas para renovar o reparar sus motorizados, excluyendo a vehículos particulares. “Para un transportista su vehículo no es un lujo, sino una herramienta de trabajo, y reconocemos con esto al transporte como parte de la actividad productiva del país”, apuntó.
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Finalmente, Gálvez detalló cambios al reglamento básico de preinversión estatal, que obligará a las instituciones públicas a justificar técnicamente cada proyecto para frenar obras ineficientes. “No queremos elefantes blancos, ya tenemos suficientes. Son dolores de cabeza, son empresas públicas y proyectos que no tienen sentido, pero tampoco queremos recursos desperdiciados. Nuevas reglas para mejorar la inversión pública”, concluyó.