La Gobernación de La Paz solicitó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) información oficial sobre las autorizaciones y derechos mineros en zonas donde se identificaron posibles actividades irregulares, con el objetivo de asumir acciones de fiscalización y control contra la minería ilegal en el departamento. La solicitud fue planteada en una reunión entre el secretario departamental de la Madre Tierra, Gabriel Pari, y el director ejecutivo nacional de la AJAM, Jaime Sanabria.
Durante el encuentro, la Gobernación planteó la necesidad de conocer si las actividades y adjudicaciones para explotación minera identificadas en las zonas bajo observación cuentan con autorización de la AJAM y si fueron otorgadas conforme a la normativa vigente. La exigencia de documentación oficial busca contar con base legal para activar operativos y sanciones.
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Entre los principales casos observados figura la explotación minera en inmediaciones del refugio de vida silvestre Senda Verde. “Se hizo conocer la preocupación respecto a una falta de respuesta a las solicitudes presentadas por la Gobernación. También se ha solicitado un informe sobre la explotación cerca a Senda Verde, ya que sin documentos base ni información correcta no podemos fiscalizar”, informó Pari.
Según el secretario departamental, el director de la AJAM asumió el compromiso de responder en un plazo de 48 horas a las solicitudes pendientes. De forma paralela, ambas instituciones acordaron coordinar una inspección en el río Boopi, en el municipio de La Asunta, donde se verificará la posible existencia de explotación ilegal y la presencia de empresas que presuntamente operarían al margen de la norma.
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El operativo contará con la participación de la Policía Boliviana, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Gobierno Autónomo Municipal de La Asunta, Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y otras entidades competentes. La fecha y hora serán comunicadas por la AJAM para articular la participación interinstitucional, con el fin de establecer responsabilidades, verificar el cumplimiento de la normativa y prevenir afectaciones ambientales.