El Gobierno presentó el martes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de Ley de Inversiones, que consta de 103 artículos y propone un nuevo marco para promover la llegada de capital nacional y extranjero, fortalecer la seguridad jurídica y establecer reglas más previsibles para los inversionistas.
En conferencia de prensa, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, explicó que la propuesta comenzó con poco más de 20 artículos, pero fue ampliada luego de un proceso de socialización con sectores empresariales, gremiales, productivos y otras organizaciones.
La iniciativa se estructura sobre tres ejes: promover la inversión como una actividad habitual en la economía boliviana, crear un sistema de incentivos y regulación que brinde seguridad y previsibilidad, y ordenar la normativa vigente mediante una nueva Agencia Nacional de Inversiones.
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“Esta ley, sin necesidad de modificaciones a la Constitución, permite otorgar, primero, seguridad jurídica; segundo, igualdad ante la ley; tercero, un escenario de previsibilidad y estabilidad para los inversionistas”, explicó.
Espinoza señaló que Bolivia mantiene niveles reducidos de inversión pública y privada en comparación con otros países de la región. Como ejemplo, mencionó que Argentina registró en 2025 más de $us 15.000 millones en intenciones de inversión minera, mientras que Bolivia recibió entre $us 50 millones y $us 60 millones en ese sector.
Entre las principales propuestas está la creación de mayores garantías para los inversionistas nacionales y extranjeros, bajo principios de igualdad ante la ley, estabilidad, previsibilidad y buena fe en la relación con el Estado.
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La iniciativa contempla también contratos especiales que podrían incorporar mecanismos de estabilidad tributaria y normativa, sujetos a controles de instituciones públicas. Espinoza sostuvo que el proyecto de ley busca proteger las inversiones frente a cambios políticos y modificaciones en las reglas.
En ese marco, explicó que cualquier medida de alcance similar a una nacionalización deberá seguir procedimientos establecidos y contar con la participación de la Asamblea Legislativa, evitando que una autoridad del órgano Ejecutivo pueda tomar unilateralmente una decisión de ese tipo.
“Se han nacionalizado o se han estatizado una serie de actividades privadas en el país violentando los derechos de propiedad, violentando los derechos que están constituidos en la Constitución, (…) sin asumir prácticamente ningún costo, los beneficios políticos se tomaban en ese momento y luego a partir de la dilación de los procesos de arbitraje o pues los juicios que hemos enfrentado como país, los costos recién los estamos empezando a percibir hoy día”, afirmó.
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Apuesta por nuevos sectores
La propuesta amplía las áreas consideradas atractivas para la inversión más allá de los sectores tradicionales de hidrocarburos y minería. Entre las nuevas prioridades figuran la logística, inteligencia artificial, economía digital, innovación y energías alternativas, como el hidrógeno y la energía solar. “Bolivia tiene un potencial extraordinario además de los sectores donde nosotros ya tenemos desarrollados nuestras capacidades productivas”, puntualizó.
Según Espinoza, el objetivo es generar condiciones para las inversiones de las próximas dos o tres décadas y, principalmente, impulsar la creación de empleo formal y de calidad.
Agencia Nacional de Inversiones
La propuesta también plantea crear una Agencia Nacional de Inversiones, encargada de concentrar los esfuerzos de las diferentes instituciones públicas vinculadas con la promoción y regulación de capitales.
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“Empezamos a ordenar el sistema jurídico del país, para esto creamos la Agencia Nacional de Inversiones que vendrá a ser la entidad pública que coordine los esfuerzos de todas las instituciones públicas, tanto en el ámbito central como en el ámbito de los gobiernos subnacionales, para que todo lo que tiene que ver con la regulación, con la promoción, con la estrategia de atracción de inversiones, tenga un orden institucional lógico”, manifestó.
La autoridad indicó que la entidad deberá elaborar un “Plan Nacional de Inversiones”, que definirá prioridades en la ejecución de proyectos y una estrategia destinada a promocionar a Bolivia como destino de inversiones en el exterior.
Si la norma es aprobada, la conformación de la entidad deberá concretarse en un plazo máximo de 90 días.
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Arbitraje internacional
La propuesta incluye mecanismos de arbitraje internacional, aunque dentro de los límites establecidos por la Constitución Política del Estado (CPE). El ministro Espinoza aclaró que el proyecto no contempla una reforma constitucional y que el Gobierno pretende generar condiciones para atraer capital mediante modificaciones legales.
En el caso de los hidrocarburos, recordó que se prepara además una norma específica para facilitar nuevas inversiones, principalmente en actividades de exploración.
Asimismo, la autoridad indicó que la propuesta fue socializada previamente con sectores empresariales, industriales, extractivos, productivos y gremiales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y El Alto. Ahora se espera que el proyecto sea tratado inicialmente en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado.
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El Ejecutivo anunció que continuará la socialización con jefes de bancada y representantes regionales y confía en que la Asamblea Legislativa acelere su tratamiento al considerar la norma como una de las primeras reformas estructurales de la gestión del presidente Rodrigo Paz.
Posteriormente, el Gobierno prevé remitir al Legislativo otros proyectos considerados prioritarios, entre ellos las nuevas leyes para los sectores de hidrocarburos y minería.