La Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) emitió un fallo favorable a Bolivia en un laudo arbitral iniciado por la Gestora Pública contra la empresa de Panamá, Sysde Internacional INC, que deberá cubrir un resarcimiento de alrededor de 3,9 millones de dólares por incumplimientos en la entrega de un sistema informático destinado a la administración de la seguridad social.
En conferencia de prensa conjunta con la Procuraduría General del Estado (PGE), el gerente de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, recordó que el contrato con Sysde fue suscrito por 5,1 millones dólares en 2017 para desarrollar un sistema que permitiría migrar la información de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El software debía ser entregado en abril de 2018, lo que no ocurrió. En 2019, el Estado determinó rescindir el contrato y demandó a la firma internacional ante el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de la CNC de Bolivia. El acuerdo fue resuelto dos años después y, en 2021, se inició el arbitraje.
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“Con este laudo favorable al Estado, la Gestora recupera parte del monto invertido en el tema del contrato. Cerca de 2,5 millones de dólares corresponden a la falta de entregables, cerca de 400 mil dólares por el tema de impuestos, y un millón de dólares por multas, lo que suma alrededor de 3,9 millones”, declaró el ejecutivo, quien señaló que la Gestora tuvo que contratar a otra empresa para concretar la transición de los datos de las AFP.
La sentencia establece el pago de aproximadamente 2,5 millones de dólares por la ejecución del contrato, 355.000 por concepto de impuestos de IUE para beneficiarios en el exterior, cerca de un millón en multas por incumplimiento y 47,352 por la devolución de la tasa administrativa cancelada al centro de arbitraje.
A los montos se suma un interés anual del 6% hasta que la empresa efectúe el pago correspondiente.
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Desde la PGE, el procurador general Hugo León La Faye destacó el resultado obtenido a favor del Estado boliviano, mientras que el subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Marcelo Longaric, subrayó que no existe un plazo fatal para el pago, aunque está vigente un interés por el tiempo demorado.
En ese marco, Longaric anunció que se elabora una estrategia para ejecutar el laudo. La institución apunta al patrimonio de la empresa para cubrir la compensación.
Destacó que la defensa del Estado estuvo a cargo de abogados bolivianos y afirmó que el caso demuestra la capacidad del talento nacional en este tipo de litigios.