La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz determinó el cese de la detención preventiva del piloto del avión Hércules C-130, Erick R. Z., quien permanece recluido en el penal de San Pedro por el accidente aéreo registrado en inmediaciones del aeropuerto internacional de El Alto, el pasado 27 de febrero.
No obstante, para recuperar su libertad, el imputado debe cancelar una fianza de 60.000 bolivianos, informó la defensa judicial Ricardo Maldonado. Además, el tribunal también dispuso arraigo y prohibición de salir del país.
Erick R. Z. y el copiloto Jared R. fueron imputados por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, dentro de las investigaciones del trágico hecho que dejó 22 fallecidos y más de 30 heridos. La aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que transportaba un cargamento de billetes del Banco Central de Bolivia, perdió el control tras aterrizar en el aeropuerto, salió de la pista e impactó contra vehículos de transporte público.
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La defensa apeló la determinación del juez de primera instancia al considerar que no valoró adecuadamente las pruebas presentadas y descartó documentación relevante sin la debida fundamentación.
Durante la audiencia de apelación, los abogados presentaron certificaciones de la FAB, TAB Cargo y la Dirección General Operacional de la FAB, que acreditan que el Hércules C-130 no contaba con caja negra, sino únicamente con un grabador de voz de cabina. De acuerdo con la defensa, estos documentos demostraron que el piloto no representa un riesgo para la investigación, argumento que fue aceptado por el tribunal para sustituir la detención preventiva por medidas cautelares.
El 3 de mayo, el juez había ordenado la detención preventiva del piloto por cuatro meses en la cárcel de San Pedro. En esa misma audiencia, el copiloto obtuvo detención domiciliaria sin autorización para trabajar y con el pago de una fianza de Bs 50.000.
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Tras la audiencia, el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que ambos imputados fueron procesados después de prestar sus declaraciones informativas, en el marco de la investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público.
Un día antes de las aprehensiones, la Junta Investigadora del accidente concluyó que el siniestro fue consecuencia de una combinación de factores humanos y meteorológicos. El informe también estableció que el accidente pudo evitarse si la tripulación hubiera recibido información precisa desde la torre de control sobre las condiciones de la pista, lo que habría permitido retornar a Cochabamba o incluso a Santa Cruz, considerando el combustible disponible.
La aeronave trasladaba desde Santa Cruz hasta La Paz una remesa de 17 millones de piezas de billetes para el Banco Central de Bolivia (BCB). El seguro del avión cubrió las indemnizaciones para las familias de las víctimas fatales, los gastos médicos de los heridos y la reparación de los vehículos afectados.