Ante un escenario marcado por el desabastecimiento de combustibles y las largas filas en las estaciones de servicios, a más de 10 días de fin de la crisis social, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia resolvió otorgar 48 horas al Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para convocar a una reunión, a fin de explicar la persistencia de la crisis de los carburantes y el incumplimiento de compromisos suscritos con la organización.
El secretario ejecutivo del sector, Lucio Gómez, recordó que –al igual que en anteriores ocasiones durante el Gobierno de Rodrigo Paz– firmaron acuerdos con la cartera de Estado, ahora presidida por Marcelo Blanco, y con la nueva administración de la petrolera estatal, sin embargo, no perciben acciones concretas para honrar los convenios.
«Digan la verdad. Señor ministro, aquí no es decir que no tienen una varita mágica, que no tienen cómo responder. Solo ustedes saben porque no están cumpliendo. Queremos reunirnos, mandamos notas y no hay respuesta”, afirmó.
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“Digan qué falta ¿Falta plata? ¿Falta responsabilidad? O que es lo que está pasando (…) Necesitamos reunirnos en el término de 48 horas para que nos den una respuesta”, agregó.
El dirigente adelantó que acudirán al encuentro junto con los representantes de los nueve departamentos del país para escuchar los informes del órgano Ejecutivo sobre la crisis de los combustibles que persiste en el país, pese a que las carreteras se encuentran expeditas en el territorio nacional.
Señaló que, tras los 53 días de bloqueos, los transportistas esperaban retomar sus actividades con normalidad, sin embargo, afirmó que continúan las largas filas en las estaciones de servicio, lo que les impide con sus obligaciones económicas, incluidos pagos a la banca privada.
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En caso de no recibir una respuesta, advirtió que el transporte nacional evaluará nuevas medidas de presión, sin importa la vigencia de una figura constitucional que establece restricciones en la realización de protestas sociales. «El Estado de excepción no implica que (el Gobierno) deje de cumplir sus compromisos».
“Estamos pidiendo una cosa social, no estamos hablando de política. Es clara nuestra posición, ya no toleramos más”, aseveró Gómez.
Asimismo, la organización cuestionó la falta de avances en las investigaciones por la provisión de gasolina de baja calidad, al remarcar que el Gobierno aún no concreta la participación de las universidades públicas para verificar la calidad del carburante, pese a que formaba parte de los compromisos aceptados en anteriores reuniones.