El Gobierno, a través del vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, calificó de “inaudita” la advertencia de un paro de 24 horas lanzada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, en representación del órgano Judicial. Afirmó que nunca antes en la historia del país los máximos representantes del sistema de justicia habían planteado suspender funciones como mecanismo de presión.
“El anuncio de un paro en el órgano Judicial es un hecho inaudito y su sola mención o sugerencia es reprochable”, declaró Galvez en conferencia de prensa, realizada la noche de este lunes en La Paz.
El pronunciamiento del vocero de la Presidencial surge luego que Saucedo anunció que magistrados, jueces y vocales evalúan paralizar actividades si el Gobierno no atiende sus demandas de mayor presupuesto y la aprobación de proyectos de ley pendientes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), consideradas prioritarias para el funcionamiento del sistema de justicia.
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La determinación fue asumida durante un encuentro nacional de autoridades judiciales realizado en Sucre, donde además se solicitó que el presidente del Estado, Rodrigo Paz, y su gabinete se trasladen a la capital constitucional para instalar una sesión destinada a abordar de manera directa la situación del sistema judicial.
En respuesta, Gálvez sostuvo que el paro anunciado por las autoridades judiciales no resolverá la crisis estructural de la administración de justicia y advirtió que la responsabilidad por las consecuencias de la medida recaerá en quienes la promovieron.
“Nunca en toda la historia republicana ha sucedido algo así, nunca pasó que magistrados de los más altos tribunales de justicia convoquen a una medida que le prive a nuestro pueblo de un servicio tan importante como es la justicia”, expresó.
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Asimismo, remarcó que el Ejecutivo respeta la independencia de los órganos del Estado, aunque consideró necesario pronunciarse por tratarse de una situación excepcional.
El funcionario también cuestionó que se adopten medidas de presión “corporativas y de corte sindical”, más aún cuando el país acaba de superar un prolongado periodo de bloqueos de carreteras y conflictos sociales. Según Gálvez, las demandas del sistema de justicia no deben centrarse únicamente en los recursos económicos, sino en los mecanismos para implementar reformas que puedan subsanar las observaciones y fallas del órgano Judicial.
Pese a las críticas, Gálvez aseguró que la administración nacional aguardará la nota formal anunciada por Saucedo y reiteró su disposición a dialogar. “Nuestro Gobierno siempre está y estará dispuesto a discutir todos los temas y a construir soluciones”, dijo.
No obstante, insistió en que cualquier encuentro con las autoridades judiciales debe tener como eje principal la reforma de la Justicia, sin dejar de abordar el tema presupuestario.

