La Defensoría del Pueblo condenó el ataque deliberado contra una ambulancia en el ingreso al sector de la Autopista que conecta las ciudades de El Alto y La Paz, y exhortó a los sectores movilizados a garantizar el libre tránsito de vehículos sanitarios y de emergencia.
En medio del cabildo de juntas vecinales y otras organizaciones que respaldan las movilizaciones contra el presidente del Estado, Rodrigo Paz, un grupo de bloqueadores impidió el paso de una ambulancia que pretendía avanzar por el paje y la obligaron a retroceder.
Videos difundidos en redes sociales muestran que el vehículo médico intenta circular por una vía que estaba interrumpida por un grupo de personas con vestimenta indígena. Al percatarse de su presencia, los movilizados hostigaron a la ambulancia e incluso le lanzaron piedras cuando se retiraba del lugar.
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“Condenamos el ataque a una ambulancia registrada en el ingreso a la Autopista entre El Alto y La Paz”, escribió el defensor del Pueblo, David Callisaya, en redes sociales.
Recordó que el derecho a la protesta constituye un derecho reconocido, pero remarcó que ninguna medida de presión puede poner en riesgo la vida, la salud y la integridad de las personas ni impedir la atención de emergencias médicas.
En ese marco, Callisaya instó a los movilizados evitar una mayor escalada en la conflictividad y garantizar el respeto de los derechos de los pacientes y el paso de ambulancias.
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“Exhortamos a todos los actores a garantizar el paso de ambulancias y el respeto a los derechos humanos”, finalizó.
Condenamos el ataque a una ambulancia registrado en el ingreso a la Autopista entre #ElAlto y #LaPaz.
La protesta es un derecho, pero ninguna medida de presión puede poner en riesgo la vida, la salud y la integridad de las personas ni impedir la atención de emergencias médicas.…— Pedro Callisaya Aro (@PedroCallisayaA) June 3, 2026
A través de un comunicado difundido este martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la escalada de los conflictos en Bolivia desde comienzos de mayo e instó tanto al Gobierno de Rodrigo Paz como a los manifestantes que exigen su renuncia a “priorizar el diálogo” para el desbloqueo de carreteras y corredores humanitarios.
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En el marco del conflicto, la Defensoría del Pueblo informó sobre siete fallecidos, de los cuales cuatro se produjeron por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, una por disparo de arma de fuego durante un operativo de desbloqueo y otras dos “personas movilizadas”, sin precisar las circunstancias de estos últimos casos.