El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Andrés Paye, ratificó la convocatoria al paro general indefinido con movilizaciones desde este lunes, determinado en el cabildo de la Central Obrera Boliviana (COB), y advirtió que no cederán ante presuntas presiones o amenazas.
La medida fue definida en un encuentro nacional de organizaciones sociales afiliadas al ente obrero, realizada el sábado en la ciudad de El Alto.
Paye precisó que el paro será reforzardo con manifestaciones escalonadas y otras medidas de presión, que será definida en asambleas regionales durante este fin de semana.
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Agregó que existen delegaciones que partieron a la ciudad de La Paz y anticipó que en los próximos días se sumará más sectores las protestas programadas. En ese marco, expresó su respaldo a otras demandas sectoriales como una solución definitiva a los problemas de abastecimiento y calidad de la gasolina, y la anulación de la Ley 1720 de reconversión voluntaria de tierras.
“Llamamos a la unidad del pueblo boliviano y también a hacer escuchar su voz y su pedido. Los recursos naturales son nuestros, quienes están ahora en el órgano gubernamental son nuestros empleados, tienen que trabajar para el pueblo”, afirmó.
En ese marco, el dirigente denunció intentos de amedrentamiento contra dirigentes sindicales, pero remarcó que estas acciones no debilitan al sector minero, por el contrario, afirmó que refuerza su determinación de continuar con las medidas de protesta.
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“No nos van a acallar ni intimidar”, sostuvo, al tiempo de remarcar los riesgos que supone trabajar en el interior de una mina.
Paye cuestionó cualquier tipo de presión proveniente de autoridades o actores políticos y señaló que los trabajadores mineros no retrocederán en sus demandas. En ese marco, reiteró su llamado a la población a sumarse a las movilizaciones.
Entre las resoluciones del cabildo de la COB se encuentran la convocatoria inmediata a elecciones judiciales para cubrir las acefalias, defensa de las empresas estatales, destinar las divisas de las exportaciones privadas al Banco Central de Bolivia (BCB), restablecer el poder adquisitivo del boliviano y el rechazo a proyectos de ley que penalice el bloqueo de carreteras y modificaciones a la Ley General del Trabajo.
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Desde el Gobierno, el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, reiteró la convocatoria al diálogo con la COB y enfatizó que el Ejecutivo mantendrá firme en su intención de impulsar cambios estructurales en el país y no cederá ante presiones.
El funcionario también calificó de “conspiración” las declaraciones del dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, quien pidió al presidente Rodrigo Paz “dar un paso al costado” si no atiende sus demandas.
“Eso no es correcto, raya en la conspiración. No es lo que el pueblo boliviano espera ni la manera de guiar”, dijo.
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Al respecto, el dirigente de la FSTMB manifestó que la acusación de Gálvez carece de sustento porque –según dijo– los pedidos de renuncia serían conspiración solo sí “el Gobierno estuviera haciendo las cosas bien”.
“Conspiración sería si el Gobierno estuviera haciendo algo bien, gestionando correctamente, y uno fuera a querer afectarle o decirle que se vaya; eso es conspiración”, aseguró.
El dirigente ratificó una posible radicalización de las medidas de protesta si la administración nacional no atiende “de manera inmediata” el pliego de demandas aprobado en el cabildo de la COB.

