La Vicepresidencia del Estado expresó su rechazó a las recientes declaraciones que involucran al vicepresidente Edmand Lara en un supuesto plan de desestabilización contra el Gobierno de Rodrigo Paz.
“Las afirmaciones vertidas (…) constituyen acusaciones graves que carecen de pruebas, documentación o respaldo verificable, por lo que resultan irresponsables y atentar contra la institucionalidad democrática”, indica un comunicado de la institución.
La entidad exige la presentación inmediata de pruebas documentales que respalden dichas acusaciones y advirtió que, en caso de no existir tal evidencia, las declaraciones serán consideradas falsas y atentatorias contra “la honra, la dignidad y la investidura del cargo”.
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El pronunciamiento surge luego de la difusión de una entrevista de la periodista Amalia Pando. En el espacio, la comunicadora afirmó que existe un supuesto plan para desestabilizar al Gobierno nacional mediante la presión de organizaciones afines al expresidente Evo Morales.
Según Pando, el objetivo sería debilitar al órgano Ejecutivo para forzar la sucesión presidencial de Lara, y adelantar la convocatoria a elecciones nacionales en un contexto favorable para la victoria del exmandatario.
“Quieren tumbar al Gobierno, quieren que Evo Morales vuelva; quieren que Lara asuma el Gobierno, convoque a nuevas elecciones y gane Evo. Ese es el plan”, aseguró.
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La Vicepresidencia, por otra parte, cuestionó el uso de la liberta de expresión para difundir versiones que “carentes de veracidad”. “Se alerta a la ciudadanía a no caer en libretos o narrativas construidas sin fundamento, que desvían la atención de los problemas reales que enfrenta el país”, advierte.
Asimismo, el despacho del segundo mandatario reiteró que los conflictos actuales no guardan relación con esa instancia del Estado y responden a problemas estructurales que deben resolverse mediante diálogo.
“Se hace un llamado a todos los actores políticos, sociales y mediáticos a actuar con responsabilidad en el manejo de la información, garantizando que toda declaración pública esté debidamente respaldada con hechos verificables”, finaliza el documento.