En medio de cuestionamientos por la convocatoria para contratar servicios de monitoreo de redes sociales y plataforma digitales, el Ministerio de la Presidencia salió al frente y aseguró que la finalidad del proceso era el de realizar un seguimiento comunicacional y no ejercer ningún tipo de control.
A través de un comunicado, la cartera de Estado justificó la licitación, al señalar que el monitoreo del impacto de las políticas públicas “es una responsabilidad ineludible del Estado moderno” y que el uso de herramientas tecnológicas para medir el alcance, eficiencia y la recepción de la información constituye una “práctica estándar” en gobiernos y organismos internacionales.
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“No se trata de ‘controlar redes sociales’, sino de evaluar si la comunicación pública cumple su función: informar con claridad, transparencia y oportunidad a la ciudadanía. Optimizar la comunicación institucional es, en definitiva, optimizar el uso de los recursos públicos”, dice parte de comunicado.
La licitación para contratar a una empresa encargada del “Servicio de monitoreo de redes sociales y plataformas digitales” fue publicada en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) el 19 de febrero, con un precio referencial de 696.000 bolivianos.
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El ministerio aseguró, en el documento, que el proceso de contratación “ya no se encentra vigente”, debido a que el área de Comunicación Social del Gobierno dejó de depender de la cartera de Estado y pasó a tuición de la Presidencia del Estado y se fusione con la oficina de la vocería presidencial, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Supremo 5550.
Sin embargo, hasta la mañana de este martes la licitación permanecía abierta en el Sicoes.
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“Por responsabilidad administrativa y coherencia presupuestaria, no corresponde afectar recursos de esta cartera a servicios cuya gestión compete a otras instancias conforme a la actual organización gubernamental”, agrega el texto.
De acuerdo al documento base de la licitación, con el CUCE 26-0025-00-1632531-1-1, la empresa contratada “guardará absoluta confidencialidad sobre la información relacionada con el servicio, y esta no será comercializada, divulgada, utilizada o compartida sin autorización”.
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Entre las funciones establecidas están el análisis predictivo de crisis con capacidad de anticipación mínima de entre 6 y 48 horas, un sistema de alertas tempranas con notificaciones automáticas ante picos de menciones negativas e identificación de actores relevantes, comunidades digitales e influencia.
En el comunicado, el Gobierno sostiene que posee el mandato de conectar con los problemas y aspiraciones de la ciudadanía y que la toma de decisiones requiere de información confiable, análisis riguroso y herramientas profesionales que permitan comprender de manera objetiva la realidad social.
“Renunciar a estos instrumentos implicaría debilitar la capacidad del Estado para responder con eficacia”, indica la cartera de la Presidencia, a tiempo de ratificar su compromiso de desarrollar una gestión moderna, orientada a resultados y centrada en las necesidades de la población.