Un juez cautelar de la ciudad de La Paz determinó detención preventiva en el penal de San Pedro para un hombre acusado de activar un arma de fuego en contra de su esposa, de 38 años, en medio de una discusión. El hecho ocurrió el 17 de febrero en la zona Llojeta.
De acuerdo al informe, la pareja sostuvo un altercado verbal, forcejearon, el varón de 42 años tomó un arma de fuego y disparó en tres ocasiones. La víctima opuso resistencia, pero recibió un disparo en la cabeza.
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“Habría ocurrido una discusión entre los esposos, en la cual estaba presente un arma de fuego, y el autor ha procedido a disparar en el área de la cabeza, rosto y en la parte izquierda (de la cara) de la víctima”, informó la fiscal Lupe Zabala.
Tras el hecho, la mujer fue auxiliada a un centro médico y permanece internada en la unidad de terapia intensiva, con un diagnóstico reservado.
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El informe forense estableció serios daños en la parte izquierda del rostro, motivo por el cual se extendió un certificado de impedimento a la víctima equivalente a 90 días.
En tanto, el agresor fue imputado por el delito de tentativa de homicidio y puesto ante un juez cautelar que determinó su reclusión por el lapso de seis meses en el recinto penitenciario de La Paz.
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“Existen declaraciones testificales de familiares y personas que se encontraban en el inmueble; además, la colección de indicios materiales respecto a la colecta de varios celulares, de los cuales, han tratado de eliminar evidencias como conversaciones por WhatsApp”, indicó Zabala sobre los elementos de convicción presentados en la audiencia cautelar.
Por este caso, las autoridades determinaron el arresto de la cuñada de la víctima, quien fue sorprendida en posesión de los teléfonos celulares de los esposos y principal acusada por la eliminación de conversaciones, tanto en la popular plataforma como por SMS, previos al día del crimen.
Estos elementos fueron recuperados posteriormente por una unidad especializada de la Policía, pero la mujer enfrenta la investigación en libertad.
Respecto al origen del arma de fuego, la fiscal señaló que el varón no pertenece a ninguna institución policial ni militar y su adquisición –según la versión del acusado– respondería a temas de seguridad.