El ministro de Economía y Finanzas Púbicas, José Gabriel Espinoza, aclaró la mañana de este lunes que el Gobierno apunta a aplicar en 2026 la propuesta de redistribución de recursos del 50/50 para temas como educación y salud, para lo cual debe realizarse ajustes a la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE).
“La Ley del PGE 2026, elaborada por la anterior gestión, no incorporó el régimen 50/50. Por ello, es necesario realizar un ajuste normativo y solicitar a la Asamblea Legislativa un plazo hasta febrero de 2026 para modificar el PGE”, indicó la autoridad en redes sociales.
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Espinoza remarcó que “nuestro objetivo es que el régimen 50/50 se aplique durante la gestión 2026, tal como fue comprometido con las gobernaciones”.
Aclaro a la opinión pública que la nota difundida por Unitel sobre la aplicación del régimen 50/50 para las gobernaciones contiene afirmaciones incorrectas que no reflejan lo que dije.
En ningún momento señalé que el 50/50 entraría recién en 2027.
Lo que expresé fue lo…
— José Gabriel Espinoza Y. (@g_espinoza) December 8, 2025
La propuesta del 50/50 fue parte principal de la campaña electoral de Rodrigo Paz, la cual consiste en dan fin a las políticas de centralización, concretadas durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), y descentralizar el manejo de recursos públicos a las regiones y reconocer al mercado como eje central de la economía nacional.
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El titular de la cartera de Estado se refirió al tema el fin de semana y precisó que la aplicación del nuevo régimen no será rápida. “No se hace de la noche a la mañana. Vamos modificando varias leyes, y le tocará al Congreso (Asamblea Legislativa) hacer varias adecuaciones, como las leyes de impuestos, leyes competenciales y otras”, declaró.
Sin embargo, puntualizó que no habló de postergar su implementación hasta 2027. “Estamos trabajando para garantizar su implementación el 2026”, afirmó.
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Espinoza ratificó el compromiso del Gobierno de trabajar con transparencia y en conjunto con los gobiernos departamentales “para avanzar hacía una distribución más justa de los recursos públicos”.