El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, denunció que los magistrados ‘autoprorrogados’ del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) realizaron “de oficio” una aclaración a un auto constitucional para evitar que jueces y salas constitucionales asuman acciones legales en su contra.
Según Saucedo, la aclaración está incluida en el auto constitucional 70, del 10 de octubre del 2025, con el cual se pretende “atemorizar” a los administradores de justicia y tribunales “que pudieron conocer acciones legales y, además, constitucionales” en contra de los autoprorrogados.
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“El exceso de los autoprorrogados llegó al límite, aquellos usurpadores de la administración de justicia constitucional, aquellos cinco que pretenden seguir haciéndole daño al país, hoy juegan sus últimas cartas haciendo una aclaración de oficio al Auto Constitucional 70/ 2025 del 10 de octubre de este año, pretenden atemorizar a todas las salas constitucionales y a todos los jueces que pudieran conocer acciones legales y además constitucionales”, declaró el titular del TSJ en un video difundido en redes sociales.
Aunque Saucedo no detalla el contenido el nuevo documento, insiste que la finalidad es frenar los procesos contra los cinco magistrados que permanecen en sus cargos pese a que sus cargos cesaron el 31 de diciembre de 2023.
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En 2024, debido al retraso en las elecciones judiciales, se aprobó una “autoprórroga” para todas las autoridades de la Justicia hasta el inicio de esta gestión, cuando los electos en la votación de diciembre de ese año asumieron su mandato.
En ese marco, el presidente del TSJ se dirigió a los jueces y salas del país y aseguró que se garantizará su “trabajo con independencia” y la aplicación, por sobre todo, de la Constitución Política del Estado (CPE).
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“Así como garantizamos las elecciones nacionales, hoy queremos garantizarles que puedan realizar su trabajo con independencia, que puedan aplicar por encima toda la Constitución Política del Estado”, aseveró.
La anterior semana, la Fiscalía de Chuquisaca admitió una denuncia interpuesta por las magistradas electas, Paola Verónica Prudencio y Amalia Laura Villca, contra sus colegas ‘autoprorrogados’ por el delito de falsedad material e ideológica.
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Ambas aseguran que los magistrados, que fueron electos en 2017, prolongaron su mandato de forma irregular e incurrieron en acciones contrarias a la ley.
La acción judicial apunta directamente al auto constitucional del 31 de octubre, donde se habilita una tercera autoprórroga de mandato de los acusados. Según Prudencio, el documento fue aprobado en “completo hermetismo” porque no fue enviado a ninguno de las cuarto autoridades judiciales electas en 2024.