Privados de libertad de las cárceles de Palmasola (Santa Cruz) y Villa Busch (Pando) se declararon en estado de emergencia este domingo 24 de agosto, exigiendo al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aplicar de forma general la instrucción de revisar, en un plazo máximo de 24 horas, los plazos de detención preventiva, luego de que esa Luego que esa disposición va en favor de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. Advierten que limitar esta medida a esos casos constituye un trato desigual ante la ley.
En un pronunciamiento público, delegados de los internos solicitaron que el beneficio judicial otorgado a los tres exlíderes políticos también alcance a todos los reclusos que cumplen detención preventiva en el país. «Nos declaramos hoy día, a partir del domingo 24 de agosto del 2025, en estado de emergencia pacífica nacional (…) porque creemos que somos iguales ante la ley», señaló uno de los privados de libertad durante la lectura del comunicado.
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El reclamo surge luego de que el TSJ instruyera, mediante un comunicado oficial, que “todas las autoridades jurisdiccionales, en todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado boliviano, de manera inmediata (…) procedan a la verificación del cumplimiento de plazos de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos que tuvieran”, con un plazo máximo de 24 horas desde la notificación.
Pese al carácter general del instructivo, los privados de libertad señalan que, hasta el momento, la revisión ha sido aplicada solo a los casos de Áñez, Camacho y Pumari. Por ello, insistieron en que se actúe con igualdad. “Que también se curse para todos y sea extensiva para todos los privados de libertad en Bolivia (…) y que no ha habido ese favoritismo como lo ha habido con los tres compañeros”, reclamó un delegado del penal de Palmasola.
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Jeanine Áñez cumple una condena de 10 años de prisión por resoluciones contrarias a la Constitución en el caso denominado Golpe de Estado II. Por su parte, Camacho y Pumari guardan detención preventiva por su participación en los hechos que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019, y tienen fijadas audiencias para este lunes 25 de agosto, donde se evaluará la continuidad de sus medidas cautelares.
Los internos señalaron que, de no aplicarse la misma revisión a todos los casos de detención preventiva, se consolidará un “trato desigual” por parte de la justicia. Hasta ahora, el TSJ no ha emitido un pronunciamiento adicional sobre si la instrucción será extendida de forma efectiva y concreta a la totalidad de los reclusos en situación preventiva.