La Defensoría del Pueblo presentó una solicitud de medidas cautelares ante el Juzgado Agroambiental de La Paz para suspender el tratamiento legislativo del contrato de explotación de litio firmado entre el Estado boliviano y la compañía rusa Uranium One Group.
La acción, comunicada a la Asamblea Legislativa Plurinacional el pasado 28 de julio, busca garantizar que antes de aprobar el acuerdo se realicen estudios hidrogeológicos, evaluaciones ambientales estratégicas y consultas previas, libres e informadas a las comunidades afectadas.
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“La industrialización del litio debe darse con transparencia y responsabilidad, considerando los impactos sobre el agua y los ecosistemas”, remarcó la institución, que también pidió que los informes técnicos sean validados por entidades especializadas e independientes.
El contrato con Uranium One Group contempla una inversión de alrededor de 970 millones de dólares para instalar una planta con capacidad de 14.000 toneladas de carbonato de litio al año. Sin embargo, su aprobación en la Comisión de Economía Plural de Diputados desató críticas por la ausencia de anexos técnicos y financieros completos, así como protestas de sectores cívicos y sociales de Potosí.
La Defensoría, que ostenta el estatus “A” ante el Sistema de Naciones Unidas, reafirmó que seguirá todas las acciones legales necesarias para proteger los derechos humanos, colectivos y de la Madre Tierra, así como el interés nacional.
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