La Fiscalía Departamental de La Paz reperturó una investigación penal contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado boliviano. Así lo informó este lunes el diputado Héctor Arce, quien también es parte denunciante en el caso.
El legislador dio a conocer el contenido de una comunicación firmada por el fiscal Hernán Kiffer, remitida al Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción 15 de La Paz. “Señora juez del juzgado (…) informa reapertura de investigación en base a los antecedentes que refiere (…) dentro el caso seguido por el Ministerio Público a instancia de Héctor Arce en contra de Rafael Ernesto Arce Mosqueira”, señala el documento, fechado el 24 de julio.
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La causa había sido presentada por Arce el 18 de mayo y admitida por el Ministerio Público el 20 del mismo mes. No obstante, fue cerrada 25 días después. “El 24 de junio solicitamos la reapertura, pero recién el lunes fue cargada al sistema. Todavía no me notificaron formalmente”, indicó el diputado.
El caso cobró notoriedad pública tras un reportaje de la plataforma “Connectas”. La investigación periodística señala que Rafael Arce, supuestamente, adquirió en 2021 una propiedad rural denominada “Adán y Eva”, de 2.187,8 hectáreas, por un valor declarado de $us 3,3 millones, un año y medio después de haber dejado la función pública y con apenas 25 años.
El diputado también denunció supuestas irregularidades vinculadas a la operación. “Según datos que manejamos, el valor real de la propiedad podría haber sido de $us 5,5 millones, pero se declaró un monto mucho menor. Esto podría configurar un fraude impositivo”, sostuvo.
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Otro aspecto que Arce puso en duda fue la capacidad crediticia de los hijos del mandatario. “Llama la atención que una entidad financiera haya otorgado un préstamo de Bs 63 millones a Rafael y Camila Arce, quienes tenían 25 y 20 años en ese momento”, señaló.
El reportaje también reveló que la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) autorizó de manera rápida una ampliación de desmontes en la zona. Según el legislador, entre 2022 y 2024 desaparecieron unas 480 hectáreas de bosque.
Tras la reapertura, Arce anunció que pedirá ampliar la denuncia contra otros posibles implicados. “Vamos a incluir a una entidad financiera, al expropietario del predio y al gerente de Emapa, Franklin Flores”, adelantó.
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Aunque valoró la decisión de retomar la investigación, el diputado expresó dudas sobre la continuidad del proceso. “A Luis Arce le quedan tres meses en el poder y tememos que se realice una investigación superficial, para luego cerrarla de forma definitiva”, advirtió.
El parlamentario concluyó que mantendrá un seguimiento estricto al caso. “Vamos a ejercer control político sobre este proceso penal, que debe ser transparente y no solo formal”, afirmó.