El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al país al anunciar la reapertura y ampliación de la prisión de Alcatraz, cerrada desde 1963. La medida, comunicada a través de su red Truth Social, busca encarcelar a los “delincuentes más despiadados y violentos” del país, en un intento por restaurar la “ley, el orden y la justicia”. Trump criticó a los jueces que, según él, impiden la deportación de inmigrantes ilegales y obstaculizan la lucha contra el crimen.
Alcatraz, conocida como “La Roca”, operó como penitenciaría federal entre 1934 y 1963, albergando a criminales notorios como Al Capone. Su ubicación en una isla de la bahía de San Francisco y su reputación de ser inescapable la convirtieron en un ícono del sistema penitenciario estadounidense. Desde su cierre, la isla ha funcionado como museo y atracción turística, administrada por el Servicio de Parques Nacionales.
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La orden presidencial instruye a la Oficina Federal de Prisiones, en coordinación con el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, a reconstruir y ampliar las instalaciones para albergar a criminales peligrosos, incluyendo pandilleros extranjeros y reincidentes. Trump afirmó que Estados Unidos “ya no será rehén de criminales, matones y jueces que tienen miedo de hacer su trabajo”.
La decisión ha generado críticas por parte de líderes políticos y expertos en justicia. La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó la medida de “impracticable y poco seria”, señalando que Alcatraz es actualmente un parque nacional protegido y una atracción turística que recibe más de un millón de visitantes al año. Además, recordó que la prisión fue cerrada originalmente debido a sus altos costos de mantenimiento.
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El anuncio se enmarca en una serie de políticas punitivas impulsadas por la administración Trump, que incluyen la implementación de sentencias más severas, la expansión de los poderes policiales y tácticas de deportación controvertidas. La reapertura de Alcatraz se presenta como un símbolo de la firmeza del gobierno frente al crimen, aunque su viabilidad legal y logística aún está en entredicho.
Mientras tanto, el Servicio de Parques Nacionales, que actualmente administra la isla, no ha emitido comentarios oficiales sobre la orden presidencial. La Oficina Federal de Prisiones ha confirmado que cumplirá con las instrucciones, aunque no se han detallado los plazos ni los recursos necesarios para llevar a cabo la reapertura. La comunidad internacional y los defensores de los derechos humanos observan con atención este giro en la política penitenciaria de Estados Unidos.