El reciente asesinato de Sara Millerey González, una mujer trans de 32 años conocida como «La Millerey», ha conmocionado a Colombia y ha puesto de manifiesto la alarmante violencia que enfrenta la comunidad LGBTIQ+ en el país. Sara fue brutalmente torturada y posteriormente asesinada en Bello, Antioquia, un crimen que ha sido calificado por el presidente Gustavo Petro como un acto «fascista».
El Observatorio de Derechos Humanos de la ONG Caribe Afirmativo ha reportado que, en lo que va del 2025, se han registrado 25 asesinatos de personas LGBTIQ+ en Colombia, de los cuales 15 corresponden a personas trans. Estos datos reflejan una preocupante tendencia de violencia sistemática contra esta comunidad.
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En respuesta a este atroz crimen, la Alcaldía de Bello ha ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien brinde información que conduzca a la captura de los responsables. La alcaldesa Lorena González Ospina enfatizó el compromiso de su administración para evitar que el caso quede en la impunidad.
La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el incremento de transfeminicidios en el país, registrando 13 casos en los primeros tres meses del año. Esta entidad ha instado al Gobierno a implementar medidas urgentes para garantizar la vida y dignidad de las personas trans en Colombia.
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Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han convocado a jornadas de «velatones» en ciudades como Bogotá y Medellín, exigiendo justicia para Sara y todas las víctimas de la transfobia en el país. Estas manifestaciones buscan sensibilizar a la sociedad y presionar a las autoridades para que tomen acciones concretas contra la violencia hacia la comunidad LGBTIQ+.
Este trágico suceso subraya la urgente necesidad de implementar políticas públicas efectivas que protejan a las personas trans y promuevan una cultura de respeto y tolerancia en Colombia. La sociedad y el Estado deben unir esfuerzos para erradicar la violencia y discriminación que aún persisten contra la comunidad.
