La situación en Siria ha alcanzado un nuevo punto crítico tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre pasado. Enfrentamientos recientes entre milicias leales al exmandatario y las fuerzas del nuevo gobierno han dejado un saldo de al menos 124 muertos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La violencia se ha concentrado en la provincia de Latakia, bastión histórico de la comunidad alauita, a la que pertenece el clan Assad.
El Observatorio ha denunciado la ejecución de 52 civiles alauitas en las localidades de Al-Shir y Al-Mukhtariya, basándose en videos y testimonios de familiares. Las imágenes muestran cadáveres apilados en patios de casas y escenas de brutalidad que han conmocionado a la comunidad internacional. Este brote de violencia es el más grave desde el derrocamiento de Assad y pone en jaque la estabilidad del gobierno interino liderado por Ahmed al Sharaa.
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La región costera de Latakia, considerada el corazón de la fe alauita, ha sido escenario de intensos combates. Milicias leales a Assad han lanzado ataques coordinados contra posiciones gubernamentales, incluyendo bases militares estratégicas. En respuesta, las fuerzas de seguridad han desplegado refuerzos y han impuesto toques de queda en varias ciudades, mientras intentan contener la escalada de violencia.
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La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación. Arabia Saudita ha condenado los actos de violencia cometidos por «grupos ilegales», mientras que Turquía ha advertido contra provocaciones que puedan desestabilizar aún más la región. Sin embargo, las tensiones siguen aumentando, y los esfuerzos diplomáticos parecen insuficientes para frenar el conflicto.
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El gobierno interino enfrenta un desafío monumental: consolidar su control en un país devastado por más de una década de guerra civil. Mientras tanto, los civiles en Latakia y otras regiones afectadas viven en un estado de constante temor, atrapados entre las fuerzas en conflicto y sin un claro camino hacia la paz.