El sector empresarial en Bolivia ha manifestado su rechazo al Decreto Supremo 5327, argumentando que la medida podría generar serios riesgos en la compensación entre el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). La disposición del Gobierno ha provocado incertidumbre en el sector privado, que considera que este cambio afectará la estabilidad y planificación financiera de las empresas-
Según representantes de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la eliminación de la compensación del IUE con el ITF impactaría directamente en la liquidez de las empresas, incrementando la carga tributaria y reduciendo la inversión. «Este decreto genera un desincentivo para la formalidad y afecta la competitividad del sector productivo», advirtieron en un comunicado oficial.
Por su parte, el Ministerio de Economía ha descartado la eliminación de la compensación, asegurando que la medida busca optimizar la recaudación fiscal sin perjudicar a los contribuyentes. Sin embargo, los empresarios insisten en que la falta de claridad en la normativa genera confusión y afecta la confianza en el sistema tributario, especialmente en un contexto económico desafiante para el país.
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Diferentes cámaras empresariales y asociaciones industriales han solicitado al Gobierno la revisión del decreto y la posibilidad de abrir un diálogo para evaluar su impacto. En ese sentido, han advertido que, de no recibir una respuesta favorable, podrían tomar medidas legales o incluso convocar a movilizaciones para exigir cambios en la política impositiva.
Economistas y analistas financieros también han expresado su preocupación, señalando que el Decreto 5327 podría generar efectos negativos en la dinámica empresarial y en la generación de empleo. «El aumento en la carga impositiva afecta la reinversión y, en última instancia, el crecimiento económico del país», explicó un experto en finanzas consultado por medios locales.
A medida que la polémica crece, el Gobierno aún no ha anunciado si está dispuesto a modificar la normativa o abrir una mesa de negociación con el sector privado. Mientras tanto, los empresarios advierten que seguirán defendiendo sus intereses y exigiendo medidas que favorezcan el desarrollo y sostenibilidad de las empresas en Bolivia.