El Gobierno de Venezuela debe cesar la represión tras las elecciones presidenciales dadas el 28 de julio e investigar a fondo, pidió este lunes la Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por medio de un comunicado.
“Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados (…) los responsables deben rendir cuentas”, indicó Marta Valiñas, presidenta de la misión.
El reporte de la Misión señala que entre el 28 de julio y el 8 de agosto, en el contexto de las movilizaciones, se contabilizó 23 muertes, la mayoría por disparos de fuego. Asimismo, indicó que al menos 1260 personas fueron detenidas desde el 28 de julio entre ellas 160 mujeres. Sin embargo, datos anunciados por la fiscalía de Venezuela indican que la cifra de detenciones se eleva a 2.200 personas, calificadas de manera indiscriminada como “terroristas”.
El reporte indica que hay más de 100 menores de edad imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas y que no cuentan con la presencia de sus padres madres o tutores durante las actuaciones judiciales.
Las demás personas detenidas son dirigentes, simpatizantes de partidos políticos, periodistas y defensores de derechos humanos.
“Es especialmente preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y de asociación”, afirmó Volker Türk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un comunicado
