Entre el año 2013 y lo que va de este 2023, en Bolivia se registraron 341.946 casos de violencia intrafamiliar, reveló la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz.
El dato lo dio a conocer en la inauguración del Encuentro Plurinacional para la Construcción Colectiva del Modelo de Gestión de Redes, que apunta a fortalecer los servicios de lucha contra la violencia hacia las mujeres niñas, niños y adolescentes.
En cuanto a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, Cruz informó que en 2020, durante la pandemia, se registraron 1.561 denuncias; en 2021 sumaron 2.075; en 2022 aumentaron a 2.718; y hasta el 31 de octubre subieron a 2.291 casos.
Por ello urgió trabajar en las tareas de prevención, atención, protección y reparación de víctimas de violencia.
La viceministra resaltó que la propuesta de implementar un modelo de gestión de redes está basada en la información que se recolectó en 131 municipios, en el primer semestre de este año, e identificó que no existe un análisis sobre las diferencias en los municipios, en cuanto a recursos, población y demandas al momento de prestar atención y servicios.
“Necesitamos trabajar en las tareas de prevención de forma articulada entre municipio, departamento y Estado central; necesitamos cambiar la forma de hacer prevención por otras que podamos construir colectivamente, es necesario y urgente”, manifestó la viceministra, cita un reporte institucional.
El encuentro permitirá delimitar las bases y concretar la estructura organizativa y funcional del modelo de gestión para la implementación y fortalecimiento de redes locales de servicios de lucha contra la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
También posibilitará avanzar en la construcción de un consenso interinstitucional y delinear los objetivos comunes desde la diversidad territorial y realidad institucional local, para proyectar la implementación y consolidación de un modelo de gestión basado en redes.
El evento reúne a alcaldes, profesionales de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA), representantes de gobiernos departamentales, del gobierno central, de la Policía Boliviana, Ministerio Público y Órgano Judicial, además de UNICEF y ONU Mujeres.