Los cinco policías antidroga aprehendidos el viernes estaban en el lugar de la balacera, en una zona próxima a Desaguadero, donde perdieron la vida dos personas, una de ellas policía. Se los acusa por delitos como homicidio, asociación delictuosa y omisión de socorro, informó el inspector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Franklin Miranda.
La uniformada que perdió la vida en el confuso incidente pertenecía al Grupo Especial de Control de Coca y gozaba de un permiso a cuenta de vacaciones, al igual que el policía antidroga herido, quien se encuentra en un estado crítico en un hospital de El Alto. La tercera víctima es una mujer civil, de la que no se dio mayores datos.
“Los cinco funcionarios aprehendidos el viernes estaban en el lugar del hecho, los dos funcionarios –una muerta y el otro herido- también estaban en lugar”, explicó en una conferencia de prensa sin dar mayores detalles, y evitando responder preguntas sobre si lo ocurrido se dio en el marco de un “volteo de droga”.
La madrugada del 22 de septiembre se registró una balacera en una vía alterna a Desaguadero, donde murieron por impacto de bala un policía y una civil, en tanto que un segundo uniformado resultó gravemente herido.
Una investigación disciplinaria y otra penal fueron activadas, en medio de un hermetismo. Miranda explicó que, evidentemente, no se salió a informar sobre lo ocurrido para no entorpecer la investigación.
La capitán Ximena A. O. y los suboficiales Bruno T. F., Sonia Verónica C. C., Rolando P. B., y Roy M. M. fueron aprehendidos el viernes. Están a la espera de la audiencia cautelar en la que se definirá si se defienden en libertad o desde la cárcel.
Fueron acusados por los delitos de homicidio, lesiones graves y leves, asociación delictuosa y omisión de socorro.
“Como Policía y Felcn no vamos a encubrir ningún acto irregular de funcionario alguno, por el contrario, estamos abiertos a coadyuvar con la investigación”, aseguró Miranda.
El viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, informó el viernes de la aprehensión de los uniformados y advirtió que el Gobierno será “implacable contra cualquier funcionario policial que en el ejercicio de sus funciones cometan irregularidades y se encuentren involucrados en ilícitos”.