Pese a las intenciones de las autoridades colombianas y venezolanas de reabrir el paso fronterizo, esa zona sufre cada vez más las disputas territoriales entre grupos armados y guerrilleros. En ese contexto de inestabilidad y violencia, una de las principales víctimas son las mujeres.
Yuberthi es una migrante venezolana, madre de dos hijos: uno de 4 años y otro de 12. A raíz de la crisis que vive su país, decidió cruzar a la ciudad fronteriza colombiana de La Parada. Allí empezó a trabajar cargando las bolsas de los que cruzaban la frontera.
Con el correr del tiempo, las trochas y los distintos pasos fronterizos se volvieron cada vez más peligrosos como consecuencia de las batallas por el control territorial entre los grupos armados.
En diálogo con Voz de América, la migrante venezolana, que por cuestiones de seguridad no reveló su apellido, comentó que los cientos de corredores se convirtieron en sitios de frecuentes violaciones y otras formas de violencia de género.
Pese al incremento de la violencia contra las mujeres, Yuberthi se vio obligada a ejercer la prostitución para poder llegar a fin de mes y alimentar a sus hijos.
La mujer reconoció haber sufrido abusos y actos de violencia, e incluso llegó a correr el riesgo de ser víctima de la trata de personas. La mayor parte de los hombres que conoció trabajan con los diversos grupos irregulares que operan en la zona.
“Llevo meses haciéndolo porque no me gusta que mis hijas se acuesten sin comer (…) Trabajar en las trochas es más sano, pienso yo, pero en las trochas también hay muchos peligros”, manifestó Yuberthi, quien cobra menos de cuatro dólares por persona.
“Los hombres son abusivos. Tienes que aguantar violencia y quieren manipularte, como si no valieras nada”, agregó.
En su crudo relato, la migrante venezolana dijo que los hombres a menudo la golpean, la obligan a realizar actos sexuales que ella no quiere y la agreden verbalmente.
Todo ese padecimiento lo mantiene en secreto y fuera del conocimiento a sus hijos, quienes asisten casi todo el día a un centro educativo local hasta la noche, cuando su madre los puede recoger.
Yuberthi vive en un pequeño apartamento en La Parada, que comparte con otros nueve migrantes. Por temor a los guerrilleros y pandilleros que circulan por la zona, no deja que su hija salga de la casa sola.
“Quiero dejar todo esto atrás. No quiero seguir viviendo esto (…) pero tampoco quiero que mis hijas tengan que vivir lo mismo que yo”, remarcó.
Ana Teresa Castillo, trabajadora humanitaria, explicó que la violencia se ha intensificado durante la pandemia en la zona fronteriza, y que las poblaciones migrantes se han vuelto muy vulnerables ante el asedio de los grupos armados.
“La Parada siempre ha sido violenta, pero ahora, la situación es una guerra económica (…) Hay falta de trabajo y de oportunidades”, dijo Castillo.
La frontera venezolana siempre ha sido una zona con gran presencia de grupos irregulares como los guerrilleros colombianos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes del grupo guerrillero desmovilizado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y la organización criminal venezolana Tren de Aragua.
Castillo y otros grupos de mujeres advirtieron sobre los constantes hechos de violencia perpetrados por la pandilla venezolana, que hoy en día cuenta con mayor control en esa zona fronteriza.
Esos grupos utilizan la frontera para el tráfico y para escapar del control de la policía colombiana. Si bien los enfrentamientos se han profundizado en los últimos años, en los últimos meses creció la guerra territorial en zonas urbanas como Cúcuta.
“Simplemente se han acelerado las tasas en cuanto a la intensidad. Es una reconfiguración constante del control y una contienda constante por los corredores de tráfico (…) Eso es tráfico de mercancías, de drogas, de armas y, por supuesto, de personas”, dijo Elizabeth Dickinson, analista de Crisis Group.
La analista indicó que la violencia de género tiene un propósito estratégico para los grupos armados: “El hecho de que se estén moviendo para apuntar específicamente a las mujeres es, en primer lugar, un indicador de la profundidad del conflicto en curso”.
“También es un indicador de que estos grupos buscan más que el control territorial, también buscan el control social”, añadió.
Magaly Castañeda, directora de la Fundación Frida Kahlo, sostuvo que esta situación se ve agravada por una mayor impunidad. “Denunciamos en una forma anónima. ¿Por qué anónima? Porque no queremos que afecte ni ser blancos de las redes de trata (…) Es un riesgo, es un alto riesgo que tomamos”.
El pasado mes de julio, la Defensoría del Pueblo de Colombia alertó sobre un aumento preocupante en los ataques contra las mujeres.
Durante el último año y medio, la oficina reportó más de 830 denuncias de violencia de género. Sin embargo, los observadores sostienen que esa cifra no refleja la realidad que viven las mujeres debido a la poca denuncia y la impunidad.
“La Defensoría del Pueblo rechaza estos hechos de violencia basada en género y hace un llamado urgente a las autoridades, para realizar (…) investigaciones de manera urgente y eficaz de los hechos ocurridos”, indicó el Defensor del Pueblo Carlos Camargo en un comunicado.
Pese a los esfuerzos y constantes denuncias, las organizaciones local denuncian que los casos de trata y violencia sexual son más extremos que antes. En ese sentido, es altamente preocupante lo que está ocurriendo con la prostitución infantil.
“Ahora mismo vemos niñas de 14, 13, y hasta 8 años en las calles prostituyéndose (…) Hace una par de noches, vi unas niñas de 8 años en la calle a las 10 de la noche prostituyéndose”, relató Castillo.