La Paz, 30 sep (Radio Splendid).- La Defensoría del Pueblo lamenta que a 11 días del conflicto por el control de la administración de la Asociación de Productores de Hoja de Coca de La Paz (ADEPCOCA), éste haya dejado durante los enfrentamientos entre cocaleros y policías: 25 civiles heridos (cuatro mujeres y 19 varones); siete policías heridos (tres mujeres y cuatro varones); y la detención de nueve mujeres y 60 varones, 10 de ellos aún en calidad de aprehendidos.
Si bien el ejercicio de la protesta tiene un marco constitucional de protección y las tareas de orden interno se hicieron necesarias, la intervención defensorial constató afectaciones a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, comerciantes y vecinos de las zonas Villa Fátima y Villa El Carmen, producto del uso indiscriminado de explosivos y gases lacrimógenos que ha derivado, también, en daños materiales a la propiedad privada y pública como el incendio del módulo policial de la EPI Minasa y la afectación del Hospital San Francisco de Asís sin considerar la existencia de pacientes internados, dejando en una situación de zozobra en el lugar.
La Defensoría del Pueblo, durante este conflicto, ha realizado varias acciones de acercamiento con las partes y ha convocado en cinco oportunidades a instalar una mesa de diálogo para resolverlo de manera pacífica; sin embargo, las dirigencias no han depuesto posiciones antagónicas manteniendo la confrontación en el sector hasta la fecha.
Durante los últimos 11 días, además de realizar monitoreo y seguimiento al conflicto, realizar verificaciones in situ y emitir denuncias públicas y formales ante el Estado, la Defensoría del Pueblo ha tomado contacto con la dirigencia de las mujeres que son parte del comité de autodefensa del sector cocalero movilizado, y con la dirigencia que se encuentra en posesión del mercado de la coca, a fin de generar un espacio de diálogo entre todas y todos, sin éxito.
Sin embargo de ello, públicamente, instamos al sector movilizado a plantear sus demandas en un marco de respeto de la ley; asimismo, exhortamos a la Policía Boliviana a enmarcar su trabajo en lo que disponen las normas de derechos humanos y no incurrir en el uso excesivo de agentes químicos, asegurar la presencia de personal policial calificado en este tipo de intervenciones para garantizar que no se afecte a la población, tomando en cuenta la zozobra que se ha provocado y la vulneración a la integridad psicológica y física de vecinos, cuyos derechos deben ser resguardados por el Estado y respetados por la población en general.
Finalmente, La Defensoría del Pueblo insta a la ADEPCOCA a buscar y fortalecer la unidad de las y los socios productores de la hoja de coca y generar un solo espacio conjunto en el que se pueda lograr la solución de este conflicto que los tiene divididos desde hace años, y posibilitar la pacificación que ansía toda la población. La Institución Defensorial reitera sus buenos oficios para ser veedora de este posible escenario a fin de coadyuvar en la búsqueda de soluciones, con la esperanza de que las dirigencias depongan posiciones por el bien de los Yungas.