Las movilizaciones previstas para este jueves en varias regiones de Bolivia contra el cierre del caso «fraude electoral» por los anulados comicios de 2019 reavivaron la polarización del país en la víspera de la celebración de su independencia.
La convocatoria a marchas se centró en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, las regiones bolivianas más pobladas, en medio de pedidos de renuncia del fiscal General, Juan Lanchipa, la libertad de los opositores considerados «presos políticos» y grescas con grupos oficialistas.
Las manifestaciones encabezadas por organizaciones cívicas y plataformas ciudadanas tuvieron una importante convocatoria en Santa Cruz y Cochabamba, mientras que en La Paz la movilización no pudo desarrollarse por un enfrentamiento con grupos afines al Gobierno.
MENSAJES EN SANTA CRUZ Y COCHABAMBA
En Santa Cruz, la mayor región de Bolivia y la más poblada, el Comité Cívico encabezado por su presidente, Rómulo Calvo, comandó una marcha por el centro de la ciudad que finalizó con una concentración en la plaza principal.
En la movilización también participó el gobernador de ese departamento, Luis Fernando Camacho, que en declaraciones a los medios aseguró que en Santa Cruz «se ha encendido la mecha» para que el Gobierno respete la «libertad», la «tierra» y la «democracia».
En Cochabamba las plataformas ciudadanas se manifestaron con banderas bolivianas, entre cánticos que exigían libertad y aseguraban que la crisis de 2019 fue producto de un fraude electoral y no un «golpe de Estado».
«Se retoman las medidas de protesta hasta que este Gobierno libere a los presos políticos (…) exigimos la renuncia de Lanchipa porque en vez de perseguir a los que hicieron fraude electoral los está persiguiendo a los activistas», manifestó a Efe la exasambleísta Lizeth Beramendi.
En esa región, las protestas también sumaron el apoyo de un bloque de los jubilados de la Policía Boliviana.
GRESCAS Y POLARIZACIÓN
Los momentos de mayor tensión se vivieron en La Paz puesto que una marcha que estaba prevista para las 17:00 hora local (21:00 GMT) fue impedida por un grupo numeroso conformado por sectores afines al Gobierno y funcionarios públicos.
«Estamos en un momento de desestabilización de grupos de la derecha y de grupos fascistas, de grupos articulados que otra vez quieren intentar un golpe de Estado», dijo a Efe la integrante del grupo oficialista Columna Sur Canela Crespo.
El atrio de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz se transformó en un escenario de pugnas y grescas entre un grupo y otro que se reclamaban el derecho a usar el espacio público.
«Nos están botando de la plaza, no hay libertad de expresión, no hay derechos», dijo a Efe Alejandro Hurtado, quien de inmediato recibió reproches, insultos y golpes de quienes defendían al Gobierno y portaban banderas del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y la Wiphala que representa a los pueblos indígenas andinos del país.
En otro sector se produjeron fricciones más fuertes al extremo de que el diputado Alberto Astorga, de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), terminó con golpes en la cabeza y tuvo que ser evacuado del lugar.
«Nosotros somos los verdaderos hijos de la patria», dijo a Efe César Choque que estaba en primera línea del grupo oficialista y un grupo de policías que servían de barrera ante otro muy menor de activistas opositores.
«Nos han arrinconado» y han movilizado «grupos de choque», dijo a Efe el activista Guillermo Paz.
El sector identificado con el Gobierno acusaba al otro de supuestamente defender a «asesinos» y «cómplices» por la muerte de civiles en Cochabamba y El Alto en 2019 durante el Gobierno interino de Jeanine Áñez.
El otro bloque replicaba de que se vive en una «dictadura» con una persecución política de parte del Gobierno y que se busca apañar el que consideraron «fraude electoral» de 2019.
La situación que vivió Bolivia durante la crisis política y social de 2019 ha contrapuesto dos versiones de esos sucesos, la del Gobierno de Luis Arce y sus sectores aliados sobre un «golpe de Estado» contra el entonces presidente Evo Morales y otra de sectores opositores que manifiestan que la causa fue un fraude a favor del exmandatario en los comicios posteriormente anulados.
La semana pasada la Fiscalía dispuso el cierre del caso «fraude electoral» tras difundir una pericia encargada en el exterior que determinó que «no hubo manipulación» de los datos en aquella elección que dio como ganador a Evo Morales para que asuma un cuarto mandato.
En tanto que la Fiscalía sigue acciones por el caso «golpe de Estado» y las acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración por las que están detenidos la expresidenta interina Jeanine Áñez, dos exministros y varios exjefes militares.
EFE