La Paz, 21 feb (Radio Splendid).- La Defensoría del Pueblo, informo este domingo que la anterior semana, recibió cuatro denuncias de cobros excesivos y maltrato por parte de clínicas privadas hacia pacientes con COVID-19, lo que califica como un atentado al derecho a la salud.
Los centros denunciados son la Clínica Grumedso de Santa Cruz, Hospital Nuestra Señora de La Paz y Hospital Metodista de La Paz y Hospital Agramont de El Alto. En los tres primeros casos los familiares denunciantes, que acudieron hasta las oficinas de esta institución defensorial, señalaron que los montos, sólo por atención hospitalaria, ascendieron hasta 127.445 bolivianos en el caso más extremo, y que los costos de los insumos y medicamentos que se sumaron en las cuentas son más elevados que los precios del mercado. El cuarto caso correspondió a una retención de paciente.
De acuerdo con las denuncias, el caso más oneroso corresponde a la Clínica Grumedso de Santa Cruz, que extendió una factura de 127.445 bolivianos, sólo por atención médica hospitalaria, que no incluyó terapia intensiva, por 22 días de internación de la señora DBM. A este monto, se sumó otro monto similar por el auxilio del esposo de la primera, GMP, ambos fallecidos por COVID-19. Los familiares manifestaron su sorpresa al encontrar en el desglose de la factura “costos demasiado altos que no guardan relación con los precios de otras farmacias”. Ellos revelaron que tuvieron que dejar los títulos de propiedad de un vehículo para retirar los cuerpos, porque no contaban con los recursos suficientes para cubrir la deuda.
La segunda queja sobre cobros elevados, refiere que el Hospital Nuestra Señora de La Paz extendió una factura por 78.500 bolivianos por la atención de un hombre de 58 años de edad, JAB, que falleció en terapia intensiva. Los familiares denunciaron que no pudieron retirar el cuerpo, sino solo hasta la intervención de la Defensoría del Pueblo, porque no habían terminado de cancelar el precio señalado, pues sólo habían pagado 40.000 bolivianos, 15.000 como adelanto de internación y posteriormente otros 25.000, y que no tenían recursos para completar el monto total.
En el Hospital Metodista se presentó una figura similar, donde cobraron una factura de 20.000 bolivianos por cuatro horas de atención a dos adultos, uno de 61 años de edad (RCQ) y otro de 53 años (MCQ), ambos afectados con la COVID-19. Los parientes contaron que el administrador les dijo que deberían cancelar 20.000 bolivianos antes de internar a ambos en terapia intensiva, y que por los costos elevados ellos optaron por retirarlos de ese centro, pero cuando quisieron hacerlo el gerente les dijo que igual debían pagar 20.000 bolivianos por las cuatro horas de atención. Relataron que lograron reunir 10.000 bolivianos para sacarlos de ese establecimiento.
En la ciudad de El Alto, el Hospital Agramont dificultó el traslado de un paciente, adulto mayor, a un hospital público, debido a que ese nosocomio no tenía convenio vigente con el Sistema Único de Salud (SUS). El paciente falleció en ese establecimiento.
En todos los casos intervino la Defensoría del Pueblo para evitar que los establecimientos de salud retengan a los pacientes, sin embargo, por la problemática, esta institución considera que se debe considera que se debe iniciar de forma inmediata el control y la fiscalización sobre los cobros en clínicas privadas así como el costo de medicamentos en el marco de lo que dispone la Ley de Emergencia Sanitaria.
Las denuncias o quejas contra la afectación al derecho a la salud por parte de los centros médicos privados se reciben a través de la línea gratuita 800-10-8004, la línea de WhatsApp 72006607 y de forma virtual en la página web de la institución, donde existe un espacio habilitado para el efecto.