La Paz, 15 Nov (Radio Splendid).- La Defensoría del Pueblo, a un año de la masacre de Sacaba donde, como resultado de un operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas, 12 personas murieron por impacto de bala, denunció que estas muertes permanezcan en la impunidad y que las investigaciones no avancen debido a los obstáculos colocados por estas instituciones que se niegan a brindar información sobre esos hechos.
Nadia Cruz, Defensora del Pueblo, quien este domingo participó en el acto conmemorativo a un año de la masacre de Sacaba, manifestó que el caso se mantiene en etapa preliminar porque las fuerzas del orden ponen obstáculos para brindar información sobre los operativos, pese a que la investigación se amplió contra el Gral. de Ejército, Alfredo Cuellar, y contra el Cnl. Jaime Zurita, quien en ese entonces era Comandante Departamental de la Policía en Cochabamba.
“Ha sido un año de impunidad, un año en que el Gobierno Transitorio después de dar las órdenes para que las Fuerzas Armadas y la Policía intervengan y masacren a los compañeros, para que los vayan a cazar como en su momento lo dijo el ex Comandante Departamental de la Policía, se han encargado de socapar y de ocultar información, de declararla como reservada para no aportar a la justicia y ocultar a quienes dispararon ese día en Huayllani”, argumentó Cruz.
Así también, observó que durante este año la Fiscalía General no hizo nada y a la Policía Boliviana que era la encargada de dirigir la investigación, no le interesó esclarecer estos hechos. “Hay muchas pruebas que no las han recogido en su momento porque no ha habido voluntad política, voluntad funcional en el Ministerio Público, entonces es un año de impunidad”, remarcó.
La Defensoría del Pueblo en reiteradas oportunidades solicitó a la Policía Boliviana y a las FFAA los planes de operaciones y el listado de los efectivos policiales y militares que intervinieron de manera conjunta, sin embargo, esa información fue declarada en reserva y confidencial, bajo el argumento de que la seguridad del estado peligraba si daban a conocerla.
“La Defensoría del Pueblo exige al Ministerio Público y al Órgano Judicial a dar celeridad a las investigaciones para establecer responsabilidades y sanciones, para buscar memora, verdad y justicia para las víctimas y sus familiares y que estos asesinatos no queden impunes”, precisó.
Cruz lamentó que en el lado de la Policía y de las Fuerzas Armadas no se produjo ninguna baja ni ningún herido de consideración, “por lo que hoy, con más claridad que hace un año, se puede volver a decir que lo ocurrido en Huayllani fue una masacre organizada desde el Gobierno Transitorio y no un enfrentamiento”.
Cabe recordar que un 15 de noviembre de 2019 a las 16:00 horas, luego de que los marchistas de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba fuesen cercados en el puente Huayllani por las fuerzas combinadas, se produjo un forcejeo en el que los manifestantes intentaron pasar hacia la ciudad de Cochabamba, después de horas de esperar una supuesta mediación de la Defensoría del Pueblo, situación que desató la represión policial-militar con una profusión de gases lacrimógenos, balines y balas.
El saldo fue el asesinato de 10 marchistas:
Omar Calle, de La Zona de Ibuelo San Luis.
César Sipe de la Central 12 de Agosto de la Federación Fuco.
Juan López de la comunidad 9 de Abril de la Central Eterazama.
Emilio Colque de los Yungas Chapare.
Lucas Sánchez de la Central Independiente, de la Federación del Trópico.
Plácido Rojas Delgadillo.
Armando Carvallo Escóbar.
Marcos Vargas Martínez.
Roberto Sejas de 28 años, quien resultó herido en la represión policial-militar, y que falleció al día siguiente.
Julio Pinto Mamani, herido durante los hechos del 15 de noviembre y que falleció el 11 de junio de 2020 a consecuencia de las heridas recibidas en aquella jornada.
Roger Gonzales herido en los hechos del 15 de noviembre, quien falleció días después.
Miguel Ángel Gonzales Ledezma, herido durante la intervención conjunta y fallecido en días posteriores al hecho.Cuando los manifestantes huían, las fuerzas conjuntas realizaron incursiones en casas y otros lugares donde detuvieron a decenas de marchistas quienes fueron golpeados y trasladados a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde fueron víctimas de vejaciones y se les obligó a dar un determinado testimonio y se les “sembró pruebas”.
