La Paz, 16 de jul (Radio Splendid). – La Defensoría del Pueblo considera que son insuficientes los esfuerzos realizados por el Estado para atender a las mujeres víctimas de violencia y observa que, actualmente, en tiempos de pandemia, denunciar casos de violencia de género encuentra mayores obstáculos que cuando no existían las limitaciones por la COVID-19.
Ésta es la principal conclusión contenida en el Informe que la Defensoría del Pueblo presentada ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) para el 78° periodo de sesiones de Naciones Unidas. El documento contempla el análisis de siete artículos de la Convención, referidos a la no discriminación y violencia contra la mujer, medidas legislativas u otros medios apropiados y mecanismos adoptados por el Estado, entre otros.
En el primer punto, la Defensoría del Pueblo observa que se incrementó la violencia en razón de género, pese a la promulgación de leyes favorables para las mujeres, como la Ley 1226 que modifica la Ley N 1173, entre otras. A junio de este año, el Estado boliviano reportó 51 casos de feminicidio.
Esta entidad defensorial considera, entre otros aspectos, que es escasa la presencia estatal para la atención de las mujeres víctimas de violencia pues, si bien alcanza a todo el territorio nacional, no se expande a ciudades intermedias ni a áreas rurales. Además, observa que los agentes estatales son escasos, con poco equipamiento y con elevada carga procesal. Por eso, la Defensoría señala que el Estado debe incrementar el presupuesto específico para fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las instituciones relacionadas a la violencia contra la mujer.
Para la Defensoría, esta situación se agravó en tiempos de pandemia, ya que muchos servidores públicos se encuentran ocupados en la vigilancia y el control ciudadano, y los servicios municipales se encuentran cerrados. Esta entidad conoció la elaboración de instrumentos, como la estrategia comunitaria de prevención de violencias en el marco del COVID-19 y la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia contra niñas, niños, adolescentes y , también en el contexto de la pandemia, pero que aún no fueron aprobados.
Además, el Ministerio de Salud elaboró una guía de manejo de la COVID-19, sin embargo, no incorporó el enfoque de género, hecho que es observado por la Defensoría que envió las sugerencias correspondientes.
La Defensoría del Pueblo, asimismo, observa que no existan políticas sociales ni económicas para contrarrestar los efectos de la cuarentena en mujeres, y que la recuperación económica con empleos sostenibles y con ingresos suficientes no es prioridad del Gobierno nacional. Además, que durante la cuarentena el teletrabajo y las obligaciones del cuidado han incrementado la jornada laboral de las mujeres con relación a la de los hombres, lo que ha derivado en un aumento de las brechas de desigualdad.
