La Paz, 05 may (Radio Splendid).- La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, advirtió que la Presidenta del Estado, Jeanine Áñez, y los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; de Salud, Marcelo Navarro; y de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias, incurren en los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia a acciones de defensa y de inconstitucionalidad, debido a que hasta el momento incumplieron lo dispuesto en la Resolución 012/2020, de 9 de abril de 2020, de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que instruyó al Órgano Ejecutivo garantizar el traslado de las personas varadas en otra región del país hacia su lugar de origen.
“Se debe considerar que, conforme al artículo 180, parágrafo III de la Constitución Política del Estado, la Jurisdicción Ordinaria no reconoce ningún tipo de fueros o privilegios, por lo cual los ministros de la Presidencia, Gobierno, Defensa, Salud y Obras Públicas, Servicios y Vivienda podrían ser denunciados ante la justicia ordinaria, para que sean investigados y sancionados por la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Desobediencia a Resoluciones en Acciones de Defensa y de Inconstitucionalidad”, apuntó la Defensora.
Añadió que “la señora Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, quien, ante la violación de derechos y garantías constitucionales que fueron dilucidados y tutelados adecuadamente en la Acción de Libertad, podría ser sometida a un Juicio de Responsabilidades, en el marco de la Ley 044; aún durante el ejercicio del cargo, conforme al artículo 12 inciso b) de la referida ley”.
El 9 de abril, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ordenó que “de forma inmediata el nivel central del Estado, representado por el Órgano Ejecutivo, coordine proveyendo el despacho y la recepción de las personas que se encuentran en tránsito por las distintas razones que sean, a su lugar de origen”. Además, dispuso que “la Defensoría del Pueblo coopere con el Ejecutivo para la materialización del primer punto de esta Resolución”; e instruyó que el Gobierno “deberá garantizar el traslado que corresponde en función a los protocolos de salud que sean necesarios, evaluando la pertinencia y urgencia de cada caso”.
Esa Acción de Libertad fue interpuesta por la Defensoría del Pueblo debido a que centenares de personas se habían contactado con esta institución para solicitar ayuda con la intención de retornar a sus domicilios, bajo condiciones de bioseguridad, para pasar la cuarentena total dispuesta por el Gobierno Nacional ante la crisis sanitaria desatada por el COVID-19. Dos fueron sus principales argumentos, que ya no contaban con los medios de subsistencia, y que entre los varados se encontraban ancianos, niños, embarazadas y enfermos. Según el último reporte, el total de personas varadas en diferentes regiones del país llega a 4.069.
La Defensoría del Pueblo, afirmó Cruz, hizo todos los esfuerzos durante más de tres semanas para coordinar con el Gobierno el traslado de estas personas, pero no logró la misma respuesta por parte de las autoridades nacionales. Precisó que se presentó a varias reuniones, la primera fue el 13 de abril, y la última el 30 de abril, pero las mismas no derivaron en acciones concretas para el traslado de los varados, debido a las constantes evasivas de las autoridades nacionales.
