Guatemala, 8 may (EL PAÍS).- Siete reclusos muertos y 19 heridos, la mayoría de ellos alcanzados por balazos, es el saldo todavía parcial de un motín ocurrido este martes en la granja Penal de Pavón, el centro carcelario más importante de Guatemala. De acuerdo a los testimonios de vecinos de la zona, los altercados empezaron al filo de las 07.00 (hora local) y las autoridades no recuperaron el control del centro penitenciario hasta pasadas las 14:00 horas.
Según los portavoces de los cuerpos de socorro que llegaron a Pavón — a 27,4 kilómetros al este de la capital guatemalteca—, pocos minutos después de que se reportaran los disturbios, la mayoría de los reos presentaban heridas de bala, aunque muchos de ellos también fueron atacados con armas blancas (machetes).
Los reos que resultaron heridos, muchos de ellos aún no han sido identificados, fueron trasladados a los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios. En este último, las autoridades optaron por suspender la visitas a los enfermos allí internados, «como medida de seguridad». También se prohibió el tránsito vehicular frente al centro hospitalario.
Entre las hipótesis que manejan las autoridades penitenciarias está que el motín pretendía crear las condiciones de anarquía necesarias para asesinar al reo Byron Vargas Sosa, uno de los capos de la prisión condenado a 90 años por la muerte de tres adolescentes. Vargas, quien maneja con mano dura la disciplina interna de los presos, se cree que mantiene nexos con carteles mexicanos de la droga, aunque esto nunca ha sido investigado. Vargas salió ileso, pero algunos de su círculo de seguridad personal murieron en la refriega.
Este centro penitenciario data de los años 70 y, a la fecha, presenta el índice de hacinamiento más grande del país al grado de que las autoridades penitenciarias optaron por controlar únicamente el perímetro de esta cárcel, dejando a los internos el manejo de la disciplina interna.
Para Edgar Celada, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), los hechos de este martes solo confirman la debilidad crónica del Estado en el manejo del Sistema Penitenciario. «Hace décadas que el Estado renunció a sus obligaciones en materia de resocialización de las personas en conflicto con la ley y ha dejado el control de las cárceles a grupos de delincuentes, normalmente los más sanguinarios», señala. Esto, añade, forma parte de un sistema corrupto que ha permitido que los cabecillas, en complicidad con las autoridades penitenciarias, logren amasar fortunas millonarias.
«Esto implica que exista una lucha muy fuerte por el control de las cárceles, porque son una mina de oro. No nos engañemos. Aquí están implicados grupos de poder que gobiernan el país. Así ha funcionado el sistema», puntualiza. «Hay un tercer componente que llama la atención».
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