Vaticano, 29 mar (EL PAÍS).- El papa Francisco ha firmado este viernes tres nuevos documentos que incluyen una reforma de la ley que regula la protección de los menores en la Ciudad del Vaticano y una serie de líneas guía para el tratamiento de los casos de pederastia. El texto, fruto de la cumbre contra los abusos celebrada en la Santa Sede el pasado febrero, incluye una serie de medidas nuevas, como la obligatoriedad de denunciar a «las autoridades competentes» los abusos de los que cualquier sacerdote tenga conocimiento. El impacto real del motu proprio es extremadamente limitado, ya que en el Estado del Vaticano hay solo dos parroquias y pocas decenas de menores. Sin embargo, debe interpretarse como un mensaje ejemplarizante a las diócesis de todo el mundo y a algunos Estados.
El motu proprio firmado por Francisco ya fue anunciado por el Papa al finalizar la cumbre en un tibio discurso que decepcionó a las víctimas, e incluye algunas novedades relevantes, aunque de impacto limitado. La principal es la obligación de denunciar los abusos de los que se tenga conocimiento a las autoridades competentes, es decir, a los tribunales y la policía, siempre que no se hayan obtenido bajo el secreto de la confesión. «Sin perjuicio del sello sacramental», se obligará a «presentar, sin demora, una queja ante el promotor de justicia siempre que, en el ejercicio de sus funciones, tengan noticias o razones para creer que un niño o una persona vulnerable es víctima», señala el texto.
En el caso del Vaticano —toda la curia romana y los nuncios en el extranjero—, resulta algo extraño, porque todo sigue dependiendo de la misma persona: el Papa. Es decir, desde el punto de vista de la autoridad, no hay mucha diferencia entre quién es el responsable último. Pero fuentes vaticanas señalan que es también conveniente interpretarlo como un mensaje a los Estados. Es decir, la Santa Sede vería con buenos ojos que se reformen las leyes allá donde todavía no es obligatorio este tipo de denuncias a los tribunales civiles. Además, se aumenta el tiempo de prescripción de estos delitos a 20 años a partir de que la víctima cumpla la mayoría de edad: hasta ahora era de cuatro años.
La nueva norma, además, impone un régimen sancionador para todos aquellos que no denuncien los casos que conocen: multas que van de 1.000 euros a 5.000. Cantidades muy bajas para delitos de este tipo pero que, si no pudieran pagarse, obligarían a pensar en una responsabilidad subsidiaria del propio Estado del Vaticano. Además, el Papa establece en el documento una clarificación de lo que se considera un adulto vulnerable, personas a las que también afecta esta ley: «Toda persona en estado de enfermedad, deficiencia física o mental o privación de libertad personal». Se ofrecerá, añade, «atención pastoral adecuada a las víctimas y sus familias, apoyo espiritual, médico, psicológico y legal adecuado y el derecho a un juicio justo e imparcial».
Normas de relación con menores
El nuevo texto se refiere también a algunas normas de relación con los menores. Prohíbe «estrictamente» que se «inflijan castigos corporales de cualquier tipo, se establezca una relación preferencial con un menor de edad, dejen a un niño en una situación potencialmente peligrosa debido a su seguridad mental o física, recurran a un menor de manera ofensiva o se involucren en conductas inapropiadas, discriminen a un menor o un grupo de niños, pidan a un niño que guarde un secreto, den regalos a un menor que discrimine al resto del grupo, fotografíen o filmen a un menor sin el consentimiento por escrito de sus padres o tutores y que publiquen o difundan, a través de la red o la red social, imágenes de un niño de una manera reconocible sin el consentimiento de los padres o tutores».
El portavoz del Papa, Alessandro Gisotti, ha querido apuntar la importancia que, según la Santa Sede, tienen los cambios. «A un mes de la conclusión del encuentro sobre la Protección de los Menores en el Vaticano, deseado fuertemente por el papa Francisco, se publican hoy tres documentos de gran importancia que responden a la exigencia de pasos concretos manifestada por el Pueblo de Dios en enfrentar la plaga de los abusos a menores. Se trata del primer paso importante como consecuencia del encuentro de las Conferencias Episcopales, ya anunciado el pasado 24 de febrero. El Santo Padre desea que –también gracias a estas normas que conciernen al Estado de la Ciudad del Vaticano y la Curia Romana– madure en todos la conciencia que la Iglesia deba ser cada vez más una casa segura para los niños y las personas vulnerables».
Si el motu proprio debe interpretarse en clave ejemplarizante, algunas de las nuevas reglas chocan con la realidad vivida en los últimos tiempos. O, al menos, no aclaran el nivel de condena que, por ejemplo, debería recibir el acusado para ser efectivas. «Toda persona declarada culpable de cometer estos delitos será destituida de sus cargos y se le ofrecerá apoyo adecuado para la rehabilitación psicológica y espiritual, así como para fines de reintegración social». Los casos recientes del cardenal de Lyon, Philippe Barbarin –el Papa se fotografió con él sonriente después de ser condenado por encubrir abusos– y del cardenal australiano George Pell, apuntan en otra dirección.