Costa Rica ha concedido un estatus migratorio temporal de 90 días a 85 migrantes deportados por Estados Unidos, en su mayoría provenientes de Asia, África y Europa. Esta medida surge tras denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre las condiciones de detención de estos migrantes, incluyendo a 31 menores de edad, en un centro cercano a la frontera con Panamá.
La decisión del gobierno costarricense responde a una demanda presentada ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU, en la que se alega que los menores fueron retenidos sin acceso a educación, atención médica adecuada ni servicios psicológicos en su idioma . Las autoridades costarricenses han negado estas acusaciones, afirmando que su objetivo principal es colaborar con Estados Unidos y garantizar los derechos de los migrantes.
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El acuerdo entre Costa Rica y Estados Unidos, firmado en febrero de 2025, contempla la recepción temporal de hasta 200 migrantes deportados por la administración Trump. Estos migrantes, originarios de países como Afganistán, China, Rusia y Uzbekistán, fueron trasladados a Costa Rica en vuelos financiados por Estados Unidos y supervisados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Inicialmente, se esperaba que los migrantes permanecieran en Costa Rica entre tres y seis semanas mientras se organizaban sus repatriaciones. Sin embargo, muchos se negaron a regresar a sus países de origen por temor a represalias o persecución. Ante esta situación, Costa Rica decidió otorgarles un permiso temporal que les permite moverse libremente dentro del país, aunque sin autorización para trabajar.
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Organizaciones como Human Rights Watch han instado al gobierno costarricense a garantizar el derecho al asilo para estos migrantes y a hacer público el contenido del acuerdo con Estados Unidos. La Defensoría de los Habitantes también ha expresado su preocupación por la situación de los menores detenidos y ha solicitado mejoras en sus condiciones de vida.
El presidente Rodrigo Chaves ha defendido la colaboración con Estados Unidos, argumentando razones humanitarias y económicas. «Estamos ayudando al hermano económicamente poderoso», declaró, en referencia a la importancia de mantener buenas relaciones con Washington. No obstante, la situación ha generado un debate nacional sobre la política migratoria y el respeto a los derechos humanos en el país.