La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunciaron este martes (04.05.2021) que periodistas han sido víctimas de 70 ataques durante las violentas protestas en Colombia y hay un riesgo inminente de autocensura de quienes las cubren por el excesivo uso de la fuerza policial.
Durante las manifestaciones, en las que han muerto 19 personas según la Defensoría del Pueblo, «se han documentado 70 agresiones y 76 víctimas, de las cuales destacamos 32 agresiones, siete robos y eliminaciones de material, nueve obstrucciones, cinco detenciones ilegales», detallaron ambos organismos en un comunicado.
Advirtieron de que «el Estado colombiano ha demostrado su incapacidad para brindar a la prensa el más alto grado de protección para que puedan realizar su trabajo libremente y mantener a la sociedad informada sobre asuntos de elevado interés público» y aseguraron que quienes ejercen periodismo y los medios de comunicación son víctimas de estigmatización por parte de algunos funcionarios públicos. «Criticar a los medios de comunicación y periodistas por difundir las cifras sistematizadas por las organizaciones de la sociedad civil y las denuncias hechas en las redes sociales, en lugar de la información oficial, es un síntoma de un Estado antidemocrático», lamentaron.
Igualmente, explicaron que las agresiones a las que la prensa ha sido sometida en los últimos seis días, de las cuales 40 ataques fueron atribuidos a la Policía Nacional, revelan «un nivel de violencia sin precedentes, así como el propósito de impedir» la cobertura de las manifestaciones sociales. «Genera extrema preocupación la sistematicidad de las agresiones contra la prensa por parte de las fuerzas públicas a pesar de estar debidamente identificados con chalecos y cascos», reclamaron.
En este contexto, el presidente de Colombia, Iván Duque, convocó a los diferentes movimientos políticos, judiciales, empresariales y sociales del país a un diálogo. «Instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones (…) en los cuales no deben mediar diferencias ideológicas sino nuestro más profundo patriotismo», dijo Duque en una declaración en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo. «El objetivo de este espacio es rechazar la violencia en todas sus formas; acelerar el Plan Nacional de Vacunación; asegurar los recursos para garantizar la continuidad de los programas sociales y la protección de los más vulnerables, y, por supuesto, repotenciar la reactivación económica», agregó el mandatario.
Naciones Unidas “profundamente alarmadas”
Pese a que la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que los cuerpos de seguridad colombianos han ejercido un «excesivo uso de la fuerza» durante las protestas, Duque les dio un espaldarazo: «nada justifica que haya personas armadas que, amparadas en el deseo legítimo de la ciudadanía de hacer marchas cívicas, salgan a disparar a ciudadanos indefensos y agredir cruelmente a nuestros policías», afirmó el gobernante.
En tanto, las protestas siguieron en las calles y en Internet: el colectivo de hackers denominado Anonymous se atribuyó el ataque a la página web del Ejército de Colombia y publicó en las redes sociales las contraseñas y los correos electrónicos de 168 militares, en apoyo a las manifestaciones.
Anonymous explicó que el ataque informático fue hecho «en rechazo a los asesinatos y hostigamientos» de la fuerza pública durante las protestas, que comenzaron el pasado 28 de abril. Igualmente, el grupo de hackers modificó la página de Wikipedia del Ejército, que ya fue arreglada, y le declaró la «guerra» al Gobierno de Duque
Según el informe de la Defensoría, 19 personas han muerto durante las manifestaciones -18 civiles y un policía- y actualmente está evaluando y clasificando 140 denuncias que incluyen información sobre decesos, desapariciones, abuso policial y lesiones. Sin embargo, organizaciones sociales han divulgado informes según los cuales el número de víctimas es mayor que el de la Defensoría. La ONG Temblores, que documenta violencia policial, informó que desde el 28 de abril hasta el 4 de mayo contabiliza «31 personas víctimas de violencia homicida».
Por su parte, la Defensoría denunció que en las protestas han desaparecido al menos 89 personas, de las cuales apenas dos han sido encontradas. De ellas, unas 35 desaparecieron en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca -epicentro de las protestas- y la vecina Palmira, región del suroeste donde también se han registrado la mayor cantidad de muertes durante las protestas. También, reportan desapariciones en Bogotá, Barranquilla y Medellín, y en el departamento del Quindío, situado en la zona cafetera del centro del país.
DW