La Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Cámara Nacional de Exportadores (CANEB) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) presentaron al Gobierno un proyecto de Ley de Promoción y Protección de las Inversiones que propone candados legales y económicos frente a expropiaciones y busca superar la Ley 516 de 2014.
El proyecto, elaborado por Eduardo Olivo, Oswaldo Barriga y Gonzalo Morales, establece que una expropiación solo proceda con una ley que declare utilidad pública, debido proceso y pago previo de indemnización antes de la toma del bien. Si el Estado no paga en 120 días, la medida quedaría sin efecto, explicó Olivo.
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La iniciativa también plantea igualdad de trato entre capital nacional y extranjero, libre transferencia de utilidades una vez cumplidas las obligaciones en el país, y la posibilidad de que inversiones de mayor magnitud suscriban contratos de estabilidad tributaria y cambiaria de hasta 15 años.
Como incentivo central, propone el ingreso de maquinaria y equipos nuevos sin arancel ni IVA, y para compras nacionales la devolución del IVA en 30 días sin monto mínimo de inversión, beneficio que alcanzaría desde grandes industrias hasta pequeños talleres. Además, contempla un portal único con requisitos, plazos y costos de trámites para reducir la burocracia.
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Según Olivo, Bolivia captó 620 millones de dólares de inversión extranjera el año pasado, pero tres de cada cuatro dólares fueron reinversiones y solo dos de cada 100 correspondieron a capital nuevo. Morales y Barriga coincidieron en que, sin previsibilidad y garantías para transferir divisas, los capitales optarán por otros países, y pidieron al Ministerio de Economía remitir el proyecto, de menos de 14 artículos, a la Asamblea Legislativa sin demora.