Personal de la Defensoría del Pueblo llegó este lunes hasta las instalaciones de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la zona de Senkata, El Alto, para verificar el proceso de envasado y distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de redes sociales, el titular de la institución, Pedro Callisaya, informó que el proceso de revisión se desarrolla dentro de las medidas de prevención de la conflictividad.
“Comprobamos que el envasado es regular, pero en los barrios la gente sigue sufriendo por filas y sobreprecios”, afirmó.
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En ciudades como La Paz y El Alto se registraron filas de ciudadanos con garrafas en busca de cilindros nuevos, lo que generó incertidumbre y preocupación en un contexto marcada por ajustes en el precio de los combustibles líquidos y GLP.
Los vecinos denunciaron que los camiones distribuidores dejaron de llegar con la regularidad habitual.
La anterior semana se produjeron bloqueos en la avenida Sucre y en el Cruce de Villas, mientras comerciantes y familias reportaron que deben desplazarse a otras zonas para encontrar el producto. En respuesta, lLa ANH informó que fortaleció el control a la distribución y comercialización de GLP en distintas ciudades del país.
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En ese marco, Callisaya demandó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) fiscalizar la cadena de distribución “para proteger la economía familiar, dar tranquilidad a la población y evitar que el malestar escale”.
«Exigimos a la ANH fiscalizar a las distribuidoras en las calles para proteger la economía familiar, dar tranquilidad a la población y evitar que el malestar escale», escribió.
El reporte coincide con las dificultades planteadas por los distribuidores de GLP debido a la eliminación de la subvención al diésel, medida que generó incremento de costos de operación y transporte.
A finales de septiembre, el sector se declaró en estado emergencia y solicitó un ajuste en el pago por el servicio de distribución. Aunque posteriormente retomó las actividades tras un acuerdo con el Gobierno, en los primeros días de octubre persistieron reportes de irregularidad en la llegada de los camiones.
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El precio oficial de la recarga de una garrafa se mantiene en 22,50 bolivianos. Por lo tanto, los reclamos actuales están relacionados principalmente con el abastecimiento y no con una modificación del precio.