La Fiscalía General del Estado (FGE) comenzó la fase de acumulación de antecedentes para un eventual juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, por los hechos relacionados con el caso denominado “Hotel Las Américas”.
Mediante un memorial remitido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el fiscal general interino, José Armando Urioste, informó el inicio de las actuaciones correspondientes al procedimiento especial para el “juzgamiento de los mandatarios del Estado por presuntos delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones”.
Urioste acreditó su condición de fiscal general del Estado y solicitó a los magistrados que comuniquen al Ministerio Público los actuados, providencias y resoluciones que se emitan durante la tramitación del proceso.
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Según un reporte institucional, el procedimiento se encuentra en una etapa inicial, destinada a reunir antecedentes sobre los hechos denunciados, por lo que las actuaciones deberán desarrollarse conforme a las disposiciones legales vigentes.
El comunicado de la FGE surge tras la recepción de una proposición acusatoria presentada por la senadora Tomasa Yarhui y otros legisladores de la bancada de Libre contra Morales y García Linera por delitos de lesa humanidad dentro del polémico caso “terrorismo” u “Hotel Las Américas”, durante su Gobierno en 2029.
En representación del frente político, el diputado Antonio Pinto sostuvo que el exmandatario “tiene que responder” por los hechos ocurridos en el interior del establecimiento, ubicado en la ciudad de Santa Cruz, porque –según dijo– hubo «ejecuciones sumarias» y se ha «asesinado a tres personas, pero además se ha sometido a detenciones ilegales y hasta torturas».
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El documento de la proposición acusatoria atribuye a Morales y García Linera «responsabilidad penal directa por la decisión, transmisión y conducción política del operativo ejecutado el 16 de abril de 2009″ en el hotel Las Américas y «por los resultados ilícitos producidos dentro de la estructura estatal activada a partir de esa decisión».
La denuncia atribuye a las exautoridades la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas, además de privación de libertad, en relación con las actuaciones desarrolladas durante el operativo policial.