Al promediar las 09:00 horas de este jueves, investigadores del Ministerio Público, la Policía y peritos especializados desprecintaron el despacho que ocupada el exfiscal general Roger Mariaca en la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicada en la ciudad de Sucre.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, informó este jueves que el proceso judicial se realiza de manera pública para garantizar la trasparencia de la investigación contra la exautoridad del Ministerio Público.
La intervención contará con la presencia de un representante de la comisión de fiscales asignada al caso, efectivos policiales y una perito experta en microaspirado, además de un funcionario de Defensa Pública.
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“Todo eso que va a colectar como prueba, de acuerdo a lo que establece el debido proceso”, remarcó Urioste.
El acto investigativo se enmarca en las pesquisas desarrolladas por el Ministerio Público dentro de la primera causa judicial abierta contra el exfiscal general y otros altos cargos de la institución por los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
En el informe de la acción judicial también se establece el desprecintado de otras dos oficinas, que pertenecerían a dos fiscales implicados en el proceso, donde se realizará el microaspirado y la recolección de pruebas.
El 30 de septiembre, Mariaca Montenegro fue aprehendido en la ciudad de Santa Cruz y luego trasladado a La Paz para ser puesto a disposición de la justicia por dos investigaciones. Una por presuntos vínculos con el narcotráfico y otras por legitimación de ganancias ilícitas.
Mariaca, el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el exfiscal superior Martín Daniel Irusta, fueron los tres ex representantes del Ministerio Público que quedaron bajo investigación y hoy guardan detención en diferentes cárceles públicas del país.
En medios de los allanamientos ejecutados en Santa Cruz y Sucre, la Fiscalía General denunció el hallazgo de armamento de grueso calibre, municiones y chalecos antibalas en uno de los vehículos de la FGE que, según las pesquisas, estaba asignado a Mariaca. “Aquí había algo absolutamente irregular, que debe ser sancionado por la ley”, afirmó Urioste.