El Gobierno prevé adoptar este mes las primeras decisiones sobre la situación de las empresas públicas sometidas a un proceso de evaluación y restructuración, en el marco del Decreto Supremo 5727, según informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales.
La autoridad informó que ya fueron identificadas algunas compañías cuya continuidad será analizada y que, incluso, se prevé disponer el cierre de al menos un par de ellas. Para ello, el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (Cossep) sostendrá una reunión esta semana para definir los lineamientos para el primer grupo.
“Ya están identificadas un par de empresas que las vamos a cerrar, yo calculo, en este mes. Justamente, esta semana tenemos la reunión de Cossep para tomar ya algunos lineamientos específicos”, afirmó en el programa LPM de Alive.
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Morales explicó que la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) concluyó la evaluación de la situación de las empresas públicas del país y presentó sus resultados, los cuales servirán de bases para el concejo estratégico al momento de determinar futuras acciones.
El objetivo del proceso, según la autoridad, es avanzar en el saneamiento de las compañías estatales y mejorar el uso de los recursos del Estado. En ese marco, el órgano Ejecutivo busca definir qué compañías deben continuar operando y cuáles ya no justifican su funcionamiento.
“En esta semana tenemos esta reunión para ya poder determinar las acciones que veamos convenientes con este primer grupo de empresas que consideramos que ya no tienen que continuar con su funcionamiento«, señaló.
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El anuncio del ministro Morales se produce en un contexto de crisis económicas y el debate sobre la sostenibilidad de varias empresas del Estado. El Gobierno informó el 15 de julio que al menos 15 compañías públicas acumularon pérdidas por Bs 5.177,1 millones, mientras que otras 14 registraban un saldo de Bs 16.273,4 millones correspondiente a créditos recibidos.
Posteriormente, el 24 de septiembre, el órgano Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo 5727, mediante el cual estableció como prioridad la reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas.
Con las evaluaciones ya concluidas, el Gobierno se apresta ahora a definir las primeras medidas concretas sobre las compañías que serán sometidas a procesos de cierre, reestructuración o continuidad.