Tras la publicación del Decreto Supremo 5617, que elimina la subvención al diésel, el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, aseguró que el Gobierno no contempla, por el momento, aplicar una medida similar a la gasolina, el Gas Natural Vehicular (GNV) y el Gas Licuado de Petróleo (GLP).
“No está en agenda tocar ni la gasolina, ni el GNV, ni el GLP y ojalá no lo tengamos que tocar porque es deseable que no suban los precios, es deseable cuidar a la población y la verdad es que no está en los planes”, afirmó el funcionario en entrevista con radio Splendid.
Gálvez sostuvo que la norma afecta únicamente al mercado del diésel y está acompañada de una estrategia gubernamental para agilizar una migración del parque automotor, principalmente del transporte público, hacía el gas natural.
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Aseguró que eliminar el subsidio al carburante era necesario y que los recursos que antes eran asignados para cubrir parte del precio real del carburante ahora serán destinados a programas de asistencia social para amortiguar el impacto de la medida en los sectores vulnerables de la población.
Sin embargo, señaló que ratificar o modificar el costo de la gasolina y de los combustibles alternativos a finales de años dependerá de las fluctuaciones en función del precio del mercado internacional.
“Ojalá las reglas del juego cambien plenamente, volvamos a la situación de hace un año y, en lo posible, (que los precios) bajen porque es lo deseable”, añadió en referencia a las tensiones políticas y conflictos en Medio Oriente que dispararon el crudo por encima de los 100 dólares por barril.
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En las primeras horas de vigencia del nuevo precio del diésel, el impacto ya se siente en los mercados, donde algunos productos de primera necesidad, como el tomate y el pollo, aumentaron sus precios, mientras que transportistas, maestros, campesinos y otras organizaciones sociales convocaron a ampliados y asambleas para definir una posición oficial.
El martes, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia convocó a un paro nacional de 24 horas para el próximo 28 de septiembre, en rechazo al ajuste del precio del diésel. La medida amenaza con paralizar el transporte urbano, rural, interprovincial e interdepartamental, tanto en sus modalidades de carga o pasajeros.
Entretanto, el Gobierno activó mesas de diálogo con los sectores que rechazan el fin de la subvención, pero descartó abrogar el decreto. Asimismo, sostiene que la eliminación del subsidio, que suponía destinar cerca de 55 millones de dólares semanales a la importación de combustible, permitirá liberar recursos públicos para poder desarrollar obras de infraestructura.
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El vocero presidencial reconoció que la medida tendrá efectos sobre los precios, pero defiende la medida como una acción inevitable para restablecer la economía y superar la crisis financiera que atraviesa el país.
Aseguró que el país tiene mucho potencial en materia de exploración y explotación de hidrocarburos, sin embargo, los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) optaron por incrementar los niveles de importación y convertir a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en una empresa de comercialización de combustibles.
“Bolivia puede producir toda su gasolina, GLP, GNV y gran parte de su diésel, no tendríamos que estar importando y gastando tanta plata, pero para eso tenemos que lograr que se invierta en el país, tenemos que lograr producir nuestra gasolina, cosa que no se ha hecho hace dos décadas”, dijo.
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Como parte de las medidas para disminuir los niveles de importación de carburantes, el órgano Ejecutivo reactivó las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz para el procesamiento de crudo importado y así abastecer la demanda del mercado interno.
“La solución de fondo es poner a Yacimientos a hacer lo que siempre debió hacer: explorar, explotar, darnos seguridad energética y producir lo que nosotros podemos producir. Eso va a tomar tiempo, pero lo vamos a hacer y estamos en esa dirección”, afirmó.
Para amortiguar el impacto de la medida, la administración de Paz ofreció medidas de apoyo económico, como anunció el bono “Pepe II” – que consiste en un pago bimensual de Bs 250 durante un periodo de seis meses– para cerca de 2,9 millones de personas, con una asignación de Bs 874 millones, incremento del bono “Juancito Pinto” a Bs 300, además de créditos preferenciales y reducción de aranceles, entre otras acciones.