Tras el respaldo legislativo para ampliar el Estado de excepción hasta finales de 2026, la diputada de Libre, Lissa Claros, advirtió que la medida posterga el tratamiento de modificaciones “claves” a la Constitución Política del Estado (CPE) para liberar restricciones en áreas estratégicas como economía, hidrocarburos e inversiones.
Recordó que la posición de la organización política contemplaba extender el régimen de excepción por 60 días más para luego dar paso al análisis de las reformas constitucionales planteadas antes de fin de año. Sin embargo, la propuesta no obtuvo el respaldo suficiente del pleno de la Asamblea.
“La opción adecuada en este caso era tener 60 días más de Estado de excepción y poder trabajar de cada a fin de año” los ajustes a la Carta Magna, declaró la parlamentaria, quien sostuvo que la ampliación de tres meses “entierra la posibilidad” de aprobar las “urgentes” reformas antes del inicio de la próxima gestión.
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“Estamos destinados a una crisis energética, posiblemente vamos a tener apagones, la garrafa va a costar más de Bs 100 y parece que a los parlamentarios no les interesa”, cuestionó.
Desde mediados de agosto, Libre pretende consolidar el tratamiento de reformas constitucionales en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ante una posible crisis energética en el mediano plazo debido a la caída en la producción hidrocarburífera y la alta dependencia de las importaciones y la inversión estatal.
En Bolivia el gas natural es un insumo estratégico para la economía, porque es empleado para generar electricidad, es utilizado por las industrias, por el parque automotor para reducir el uso de la gasolina y por las familias para preparar alimentos.
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La diputada Claros cuestionó que no haya primado la lógica y el riesgo de una crisis energética en el debate legislativo para dar lugar a las reformas constitucionales.
“Estamos sepultando la posibilidad de tener reformas constitucionales”, afirmó.
Precisó que Libre no rechaza la ampliación del Estado de excepción, pero sí se abstuvo de votar tras el rechazo a la propuesta de reducir el tiempo de prolongación de la medida.
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Si bien durante la vigencia del régimen excepcional no puede avanzar el análisis de reformas a la Constitución, desde el Gobierno señalaron que existe la posibilidad de realizar los preparativos y avanzar en el diálogo.

