Durante su informe ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la ampliación del Estado de excepción, el Gobierno afirmó que el expresidente del Estado, Evo Morales, será aprehendido, aunque evitó precisar la fecha en la que se ejecutará el operativo.
Morales lleva casi dos años recluido en la región del Trópico de Cochabamba, desde donde –según el órgano Ejecutivo– comanda movilizaciones contra la administración del presidente Rodrigo Paz. La exautoridad enfrenta dos mandamientos de aprehensión pendientes por presunto trata de personas y delitos relacionados con los 53 días de bloqueos registrados entre mayo y junio.
Si bien nunca negó la comisión de los delitos, el exmandatario atribuyó los procesos en su contra a una estrategia de persecución política.
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En su intervención durante la sesión legislativa, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que el Ejecutivo ejecutará las ordenes de captura, de acuerdo al procedimiento y la legislación correspondiente.
“Sí, vamos a detener a Evo Morales”, aseveró ante el pleno legislativo.
A criterio de la autoridad, la actual administración demostró su capacidad para desarrollar operaciones de alto impacto y, al mismo tiempo, resguardar la integridad de efectivos policiales y civiles, en alusión a la captura del narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, en Santa Cruz.
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“No hay que olvidarse que este Gobierno fue el que detuvo a uno de los más grandes narcotraficantes del mundo y no avisamos, simplemente ejecutamos una operación”, enfatizó.
En esa línea, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que, por razones de seguridad, el Gobierno no abordará públicamente los detalles del operativo contra Morales y señaló que el momento de la aprehensión permanece en evaluación.
La declaración de la autoridad surgió ante los cuestionamientos de algunos legisladores sobre la demora en la aprehensión del exmandatario, pese a la vigencia del Estado de excepción y la intención del Gobierno de ampliar esta medida por otros 90 días.
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Ante ello, Justiniano ratificó que Morales será detenido, pero insistió en que no corresponde revelar detalles sobre la operación. “A Evo Morales se lo va a detener, pero no vamos a discutir por un tema de seguridad ¿Cuándo lo vamos a hacer? Es un tema que está en evaluación constante”, respondió, al señalar que las autoridades están priorizando las medidas de seguridad.
También se pronunció ante los reclamos por las constantes reuniones y concentraciones en el Chapare y precisó que este tipo de eventos continúan permitidas mientras no exista una resolución ministerial que establezca restricciones específicas a las marchas de protesta. En cambio, los bloqueos permanecen prohibidos.
La autoridad reconoció que el Estado de excepción no logró impedir todos los bloqueos registrados en el país. Atribuyó esta situación a una práctica de protesta que, según explicó, se ha consolidado como mecanismo para presionar a las autoridades y abrir espacios de diálogo.
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También admitió que existe una autocrítica dentro del Gobierno por no haber podido evitar esas medidas de presión. Mencionó bloqueos registrados en San Julián, San Pablo y Yapacaní, algunos de los cuales fueron intervenidos por las autoridades, mientras que en otros casos se optó por el diálogo con los sectores movilizados.

