Una posible ampliación del Estado de excepción, que rige en Bolivia desde el 20 de junio, deberá ser considerada previo informe del órgano Ejecutivo ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), afirmó el vicepresidente Edmand Lara.
Explicó que, previó al análisis de una eventual extensión de la medida, el órgano Legislativo debe considerar el informe estatal sobre los primeros tres meses del régimen extraordinario. En caso de aprobar el documento, recién podría ser convocado el pleno legislativo para evaluar los argumentos de la solicitud de ampliación y resolver una aprobación o un posible rechazo.
“Quieren ampliar el Estado de excepción, no se va a poder. Quienes definen la ampliación del Estado de excepción son los asambleístas, pero previo informe del Ejecutivo. No se olviden que, a la conclusión del Estado de excepción, el Ejecutivo debe presentar un informe y la Asamblea debe definir si es necesario la ampliación”, afirmó en contacto con los medios de prensa.
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El mandatario advirtió que la solicitud de la administración nacional respecto al régimen de excepción debe estar “debidamente justificada” antes de ingresar al debate legislativo. “La ampliación dependerá el informe que presente, la justificación y la aprobación de la Asamblea”, recalcó.
Precisó también que si el Gobierno o la Asamblea Legislativa extienden sus labores sobre el tema más allá de la conclusión del Estado de excepción, el próximo 20 de septiembre, la gestión de Rodrigo Paz quedará inhabilitada para implementar este tipo de medidas, al menos hasta la gestión 2027.
“No se puede dictar dos estados de Excepción en un mismo año. La ampliación dependerá del informe del Ejecutivo y la decisión es de la Asamblea”, insistió.
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Respecto al anuncio del Gobierno de buscar consensos políticos con las diferentes bancadas de la ALP para allanar el camino a una serie de reformas constitucionales, Lara recordó que la Constitución prohíbe el tratamiento de dichas iniciativas durante un régimen excepcional.
En ese marco, observó una narrativa contradictoria desde el Gobierno, principalmente del presidente Rodrigo Paz, quien plantea la necesidad de aplicar reformas parciales a la Constitución, mientras que promueve, junto a sus ministros, una extensión de Estado de excepción.
Aseguró que, en su condición de presidente nato de la ALP, no convocará a una sesión de reforma constitucional en caso de extender la vigencia de la medida.
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El jueves, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución camaral que plantea ampliar por otros 90 días el Estado de excepción vigente en el país. La propuesta deberá ser tratada ahora por el pleno de Diputados, que definirá si respalda su continuidad.
El diputado Alejandro Medinaceli explicó que, en caso de recibir el respaldo de la Cámara Baja, el documento será remitido a la Vicepresidencia del Estado para que, conforme al procedimiento establecido por la Constitución, se convoque a una sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa.