A más de una semana de la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Gobierno advirtió sobre la existencia de presuntas redes irregulares que operaban en la cadena de abastecimiento.
En conferencia de prensa, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó que estas “mafias” estaría integradas por funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y YPFB, además de algunos transportistas y propietarios de estaciones de servicio.
De acuerdo a la autoridad, estas estructuras desviaban algunos cargamentos de combustible que debería llegar a la población.
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“En estos días, con apoyo del Control Social, hemos empezado a descubrir las mafias que roban el combustible subvencionado”, declaró.
Afirmó que el órgano Ejecutivo trabajará para identificar a los responsables y remitirlos antes la justicia por los posibles delitos cometidos. En ese marco, señaló que una de las prioridades de la intervención a la petrolera estatal es acabar con las prácticas irregulares dentro del sistema de distribución.
La autoridad explicó que la intervención tiene tres objetivos principales: garantizar el abastecimiento de combustibles en el país, desarticular las presuntas redes de desvío y encontrar soluciones de carácter estructural para el sector.
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En esa línea, el viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que la identificación de presuntas irregularidades en los sistemas de asignación y comercialización de combustibles, entre ellas comercialización irregular y anticipada, y facturación adelantada de millones de litros que todavía no habían llegado a territorio nacional.
“Es decir, que se generaban asignaciones sin parámetros objetivos, se han efectuado modificaciones posteriores en las tablas de control, también se han podido evidenciar una serie de usuarios externos que estarían incidiendo en la asignación de despachos, favoreciendo a ciertos usuarios y a ciertos proveedores”, detalló.
Agregó que existen desfases entre los volúmenes programados, despachados y facturados y que algunas modificaciones se realizaban de forma retroactiva, con la finalidad de favorecer a contrabandistas y desviar combustible.
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“Se han identificado a usuarios, a operadores, a funcionarios, a despachantes, y contra ellos se están generando acciones directas y procesos penales”, afirmó García
Durante el informe, la autoridad añadió que se identificaron más de 300 usuarios que podían interactuar, de manera irregular, con los sistemas de YPFB. Los ingresos fueron suspendidos y ahora se busca establecer responsabilidades por la vulneración a las plataformas oficiales.
Asimismo, Zamora planteó abrir un debate sobre el actual sistema de subvención a los carburantes. “La subvención es algo que hay que discutirlo con el pueblo”, sostuvo durante un informe presentado en instalaciones de YPFB, en la ciudad de La Paz.
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El jueves, la comisión de intervención estatal a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) denunció el desvío de 22 millones de litros hacia el mercado negro y que se identificó a unas 30 personas responsables de presuntamente vulnerar los sistemas de seguridad de la entidad reguladora.
El ministro de Producción Sostenible, Oscar Mario Justiniano, indicó en una rueda de prensa, en La Paz, que los 22 millones de litros de combustible desviados en un mes muestran «el grado de desintegración de los controles» de la ANH.
La autoridad dijo que, a una semana de la intervención de la ANH, se encontraron «nueve tipos de vulnerabilidades» en el sistema de control informático, con «puertas traseras» en las que «gente externa» podía intervenir «sin límite» en los despachos de combustible.
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Con las intervenciones a YPFB y la ANH, el Gobierno busca determinar el alcance de estas irregularidades y establecer responsabilidades, mientras analiza cambios destinados a garantizar que los carburantes subvencionados lleguen efectivamente a los sectores a los que están destinados.
La intervención de la estatal petrolera fue dispuesta mediante el Decreto Supremo 5697 el pasado 2 de septiembre, luego de que surgieran denuncias relacionadas con el presunto desvío de combustible.